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MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- Mientras que no se trabaje en disminuir la tasa de impunidad, la cual es de 99.9% de todos los delitos cometidos en Michoacán y el país, aunado a controlar el flujo ilegal de armas, la ola de violencia que se vive en algunas regiones del estado no se detendrá, pues la debilidad operativa del sistema de administración de justicia propicia que continúe la actividad criminal, afirmó el director adjunto del Observatorio Ciudadano de Michoacán, Rodrigo Antúnez Álvarez.
Consideró que si desde el Estado no se corta de tajo el círculo vicioso de la impunidad, y pese a la implementación de estrategias como el reforzamiento de elementos de seguridad y entrega de más equipamiento, acompañado del incremento de recursos a dicho rubro, los homicidios dolosos y demás delitos se seguirán cometiendo. Lo cual, aunque se percibe que es sólo en Michoacán, también se presenta a nivel país.
“(La estrategia) no tiene buenos resultados porque el gran problema es la impunidad (…), los criminales, independientemente que los agarren, los aprehendan, se van a la Fiscalía y salen; realmente necesitamos cortar de fondo el problema de la impunidad. Si no podemos bajar dicha tasa, no vamos a poder controlar el gran problema de delincuencia. Necesitamos que el gobierno estatal como federal empiecen a tener como meta principal la reducción de la impunidad, pues “el que cometa un delito, pagará por él”.
En entrevista exclusiva para El Sol de Morelia señaló que hay una carencia fuerte y fractura institucional evidente, que por más armamento o Guardia Nacional que llegue a Michoacán, sin una Fiscalía General fortalecida y capaz de iniciar y armar una carpeta de investigación sólida que lleve a los delincuentes hasta la cárcel, los esfuerzos de los ejecutivos local y federal serán en vano.
“Lo vemos muy lógico con relación a que sí se ve la cantidad de armamento y presupuesto destinado a seguridad pública, se puede ver un aumento anual desde el 2009-2010”, sugiriendo que a casi seis meses de que la Procuraduría de Justicia se haya transformado en Fiscalía General, su titular, Adrián López Solís, tendría que presentar un plan estratégico para eliminar la impunidad en términos de actos de delincuencia. Reconociendo que si bien se requeriría mayor presupuesto, se tendría que hacer un manejo responsable del mismo, a través de la eficiencia en la operatividad administrativa y dando cabida a la medición institucional.
Adelantó que en próximos días el mismo Observatorio Ciudadano de Michoacán presentará su más reciente estudio sobre los niveles de inseguridad y violencia de la entidad, entre los que destacan aspectos importantes, como el repunte en el robo con violencia y de vehículos entre los meses de abril y mayo. Y cómo el mes de mayo obtuvo la tasa más alta de homicidios dolosos desde el año 2015, lo cual, en gran parte, obedecería al descontrol en el tráfico ilegal de armas de fuego.
Pide se denuncien a los ediles presuntamente coludidos con el crimen
En cuanto a las declaraciones del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, respecto de ediles michoacanos con presuntos vínculos delincuenciales, Antúnez Álvarez se pronunció porque de haber algún indicio o conocimiento, se presenten las denuncias y se hagan las investigaciones correspondientes para “corregir el rumbo” de la entidad.
Y es que al derivarse dichas sospechas de vínculos criminales por la renuencia de algunos municipios a certificar a sus elementos, el representante de dicha asociación civil calificó como indispensable que los efectivos de seguridad aprueben las evaluaciones de certificación, pues ahí se mide la confiabilidad y las aptitudes de los policías.
“Es algo básico para cada institución (…), hay que ver la procedencia de cada uno de los elementos, que se les hagan pruebas de polígrafo para saber que están comprometidos con la sociedad en general”.
