Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- A pesar de las grandes cifras monetarias que pierden los michoacanos por corrupción, son mínimos los casos de funcionarios que llegan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Pese a ello, se está avanzando en este tema, refirió el magistrado presidente de ese organismo, Jesús Sierra Arias.

Cada una de las dos salas especializadas en temas de corrupción con las que cuenta el Tribunal ha conocido 30 asuntos en este año, por lo que el funcionario explicó que el trabajo de estas salas es rescatable no desde el número, si no de la importancia que poco a poco comienzan a cobrar.

“Si lo vemos desde el número de asuntos es relativamente poco, pero se ha ido incrementando y esa debe ser la tendencia, lo que interesa es que se sostenga este nivel de presentación, de presuntos responsables”, explicó.

La vía para la denuncia de actos de corrupción aún es compleja: primero tiene que haber un hallazgo o una denuncia ante un órgano que investigue, después encontrar pruebas que den sustento y al final una resolución, tomando en cuenta que al TJA solo llegan casos de delitos graves.

Entre todos estos órganos se cuenta con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la Auditoría Superior de Michoacán, la Contraloría del gobierno del estado y un Consejo Estatal Anticorrupción. Cada uno de los 112 ayuntamientos de Michoacán tienen su órgano de auditoría interna, lo mismo que las entidades de gobierno, pero aun así, este mal es difícil de combatir.

Recientemente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) reveló que tan sólo en el 2019 la corrupción le costó a los michoacanos mil 680 millones de pesos, una cifra superior a la que se invierte en programas de atención social.

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Pese a ello, aún existe poca cultura para denunciar actos ilícitos, ya sean delitos graves o prácticas administrativas nocivas. “Este sigue siendo un mal poco atendido, pero que poco a poco comienza a cobrar importancia”, afirma el magistrado Jesús Sierra Arias, al referir que ante las dos salas especializadas con las que cuenta este Tribunal sólo llegan delitos calificados como graves.

“Es importante destacar que no todo lo que llega al Tribunal se resuelve en sentido de imponer una sanción; siempre está presente la presunción de inocencia y el debido proceso; esto puede desalentar, si hay una resolución que no condena, desalienta”, explicó.

Jesús Sierra reconoció que el combate a la corrupción es una actividad relativamente reciente, aún en vías de experimentación, y en el ensayo de prueba y error de cada uno de los órganos de investigación y sustanciación están afinando sus procesos de información e investigación.

“Es una larga espera, sí, porque no todo sale a la primera, no todos los órganos tienen experiencia, ha habido una ausencia de capacitación; son 112 órganos municipales de investigación, cada una dependencia de gobierno tiene su propia contraloría, más la Auditoría estatal, además de los órganos de investigación en cada poder, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; son muchos órganos y no todos están suficientemente capacitados”, agregó el magistrado.

Autopréstamo generó en inhabilitación de 10 años a funcionaria municipal

De acuerdo con Sierra Arias, el Tribunal Administrativo resolvió una falta de peculado, uno de los temas más representativos de los que han resuelto las salas anticorrupción. Sin revelar datos particulares, señaló que la tesorera de un ayuntamiento dispuso para sí un recurso financiero en un autopréstamo.

De una cuenta del ayuntamiento se prestó una fuerte cantidad que tenía como origen una cuenta gubernamental y ella misma firmó de recibido. Después de cinco meses lo devolvió, pero cometió la irregularidad de disponer de un recurso público y a consecuencia de ello se le inhabilitó por diez años para desempeñar un cargo público.