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Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- Ante la resistencia que ha existido en el Congreso de Michoacán para que en el estado sea una realidad la despenalización del aborto, en la actualidad hay un total de ocho iniciativas en la “congeladora” del Legislativo, y una que desde el 2020 fue rechazada tajantemente por los legisladores.
Esto, a pesar de que por primera vez en el estado las mujeres fueron mayoría en cuanto a la integración de la 75 Legislatura del Congreso local, pues un total de 15 diputadas fueron electas directamente en las urnas, y 10 bajo el principio de representación proporcional, es decir, 25 de 40 curules.
Pese a que son mayoría mujeres, en la 75 Legislatura han pesado más las posturas antiaborto del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, quien incluso el 29 de junio del 2022 logró la aprobación de una iniciativa que reconoce los derechos sociales, económicos y culturales desde el momento de la concepción hasta los cinco años de edad, donde son contemplados los “embriones”.
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Esa propuesta fue plasmada en la Ley de Desarrollo Social de Michoacán que especifica en el artículo 8 que las personas tienen derecho a recibir beneficios sociales, incluyendo a todos los conjuntos etarios “desde la gestación”, es decir, que los “fetos” también pueden ser partícipes de programas sociales, lo cual, refuerza la criminalización de las mujeres que se ven orilladas a practicarse el aborto.
Aunque la iniciativa de Baltazar Gaona fue aprobada en el pleno, la misma fue observada por el Ejecutivo estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, quien la regresó de nueva cuenta a Comisiones donde se encuentra “atorada”.
No sólo Gaona García han impedido la despenalización del aborto sino también la bancada del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), quienes a toda costa se abstienen en cada sesión para emitir su voto sobre el tema, y es que desde la dirigencia estatal del albiazul existe una resistencia a la aprobación de la despenalización del aborto.
La primera iniciativa en favor del aborto, fue la que se presentó el 9 de junio del 2019 por el entonces diputado local Norberto Antonio Martínez Soto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien a su vez, contó con el respaldo de organizaciones sociales, quien propuso una reforma al Código Penal del Estado para que fuera cambiado el concepto del “aborto” al considerarlo como un delito sólo después de las 12 primeras semanas, pero no pasó al pleno continúa en la “congeladora”.
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Un año después, el 10 de junio del 2020 los ahora ex diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Osiel Equihua Equihua y Antonio de Jesús Madriz Estrada, presentaron una propuesta de iniciativa para la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, además de plantear el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y maternidad, incluyendo la opción de interrumpir el embarazo explícitamente; introducir diversos cambios en la Ley de Salud del estado para poder generar, por parte de las instituciones de salud pública el servicio de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, no pasó y fue rechazada por quienes integraban el Congreso local.
Para el 15 de febrero del 2021, integrantes de la organización llamada Interrupción Legal del Embarazo en Michoacán (ILEMich) presentaron una propuesta de iniciativa bajo el respaldo de más de 20 organizaciones feministas de la entidad que planteó la eliminación del delito de aborto voluntario en el Código Penal del Estado a través de la eliminación de los artículos 142 y 145, pero fue rechazada por los legisladores.
Tres meses después, la misma organización feminista, presentó una segunda iniciativa de reforma al artículo 31 BIS, pero también que fueran adicionados los artículos 31 TER y una reforma al artículo 121 de la Ley de Salud del estado a fin de que fuera contemplada la interrupción voluntaria del embarazo, de manera legal, gratuita y segura, incluso en mujeres reclusas, pero tampoco pasó ante el pleno.
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Para el 8 de diciembre del 2021 la diputada de la Representación Parlamentaria, Fanny Arreola Pichardo propuso con una iniciativa derogar los artículos 142, 144 y 145, adicionar un párrafo al artículo 143 y reformar el 146 del Código Penal del Estado para que fuera despenalizado el aborto en la entidad, pero sigue atorada en Comisiones.
Mientras que el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, quien el 14 de julio del año pasado, presentó una iniciativa referente a someter a consulta ciudadana la interrupción anticipada del embarazo bajo el argumento de que las voces de los ciudadanos fueran escuchadas por los legisladores.
Esa iniciativa, fue cuestionada por la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en el Congreso, María de la Luz Núñez Ramos, quien calificó la consulta como “violatoria de la ley”, pues de acuerdo a la reglamentación de los procesos de participación ciudadana, no pueden realizarse consultas en torno a derechos humanos, porque se ha reconocido legalmente que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.
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Para el 29 de septiembre del año pasado, la diputada del Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez presentó la iniciativa que reforma y deroga diversos artículos del Código Penal para el Estado que estuvo más encaminada a que se diera cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la despenalización del aborto, pero de igual forma, fue enviada a revisión a Comisiones.
El 8 de noviembre del 2022, la diputada morenista Núñez Ramos, presentó la octava iniciativa de reforma al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y a quien hiciera abortar a una mujer o persona con capacidad de gestar con consentimiento previo de ésta después de las doce semanas de gestación, se le impondría una pena de seis meses a dos años de prisión.
Según la legisladora, la propuesta tiene por objeto legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo como ejemplo lo que se ha realizado en la Ciudad de México, que es la institucionalización del acceso a la interrupción legal del embarazo en el sector salud, en condiciones adecuadas, garantizando el cumplimiento del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.
Cuatro días después, la entonces diputada del PT, Gabriela Cázares Blanco junto con integrantes de los colectivos feministas Marea Verde y la Red ASALEAS presentaron al Congreso una nueva iniciativa de reformas tanto a la Ley de Salud de Michoacán como al Código Penal del Estado, que para éste último se propuso la reforma al artículo 141 que establece el aborto como tipo penal.
Todas estas ocho propuestas presentadas ante el pleno del Congreso del estado fueron enviadas a la “congeladora”, sin que haya fecha o un avance en la dictaminación de las mismas para su posible aprobación. Esto, pese a las múltiples marchas y manifestaciones realizadas por los colectivos feministas. Y una de ellas, en el 2020, fue tajantemente rechazada por los legisladores.
