MORELIA, Mich.- Este 19 de julio se cumplen cuatro años de que el niño Hidelberto Reyes fuera alcanzado por una esquirla de bala mientras compraba pañales en una tienda de Ixtapilla, municipio de Aquila, luego de que el Ejército, Marina, Policía estatal y Federal intentarán liberar, con lujo de violencia, un bloqueo en la carretera federal 200.
La manifestación la realizaban habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, luego de la detención del entonces comandante de su Guardia Comunal, Cemeí Verdía Zepeda, a quien se le acusaba de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delito que no se le pudo comprobar, por lo que posteriormente fue liberado.
La protesta se radicalizó hasta la quema de un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad y luego vino el despliegue de fuerza, producto del cual fue asesinado el menor quien tenía 12 años, y al menos una docena de personas resultó herida; algunos con daños irreversibles.
La responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional quedó asentada en la recomendación 65/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aunque el Ejército ya cumplió su obligación de indemnizar a las víctimas que fueron alcanzadas o rozadas por balas o esquirlas, no ha detenido al responsable que sigue entre sus filas.
“Dicen que en todo el país sólo hay una perito y nunca tiene tiempo, han pospuesto la fecha de la reconstrucción de los hechos seis o siete veces; sin embargo, en una prueba de mecánica de hechos se pudo sacar la trayectoria que da exactamente a la Minimi 60, ametralladora que portan los vehículos militares. Dos peritos, uno de la CNDH y otro de la PGR (ahora FGE), con un láser determinaron la trayectoria descendiente y la altura de la bala”, declaró en entrevista el abogado de la comunidad de Ostula, Raymundo Ortiz Martín del Campo, quien enfatizó que realmente no hace falta la reconstrucción de los hechos, pues ya quedó demostrada la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, señaló que el gobierno del estado ha sido omiso en la reparación del daño hacía seis víctimas, que en su caso tiene que ver con el disparo directo de balas de goma y gases lacrimógenos hacia manifestantes, hecho que viola el protocolo de uso de la fuerza por parte de la entonces llamada Fuerza Ciudadana.
JARA GUERRERO, RESPONSABLE DEL DECESO: ABOGADO
El abogado Raymundo Ortiz enfatizó que el hecho de que la Sedena haya cubierto indemnizaciones no significa que no haya impunidad y ubica al exgobernador Salvador Jara Guerrero, como autor intelectual de asesinato de Hidelberto, quien era ajeno a la manifestación y falleció como producto de disparos directos a inmuebles y población por parte de las Fuerzas Armadas a al retirarse del lugar.
“Estamos ante un caso de impunidad, el hecho de que el Ejército pague los daños no significa que no haya impunidad, porque la Fiscalía General de la República no está consignando a autores materiales e intelectuales del operativo, entre ellos el exgobernador Salvador Jara Guerrero y a los militares de alto rango que ordenaron el despliegue, quienes operaron a través del Grupo de Coordinación Michoacán”, señaló el abogado.
Añadió que hubo víctimas con daños irreversibles a las que el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, ofreció montos de 25 mil pesos como resarcimiento del daño, como fue el caso de Yolanda Cruz y su hija menor de edad Karina, quienes fueron impactadas por balas de gas lacrimógeno.
AUTORIDADES NIEGAN DISCULPA PÚBLICA A FAMILIA DE HIDELBERTO
Tras la recomendación de la CNDH, las víctimas exigieron una disculpa pública del entonces presidente de la República, Enrique Peña y del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; ahora correspondería a Andrés Manuel López Obrador y al general Luis Crescencio Sandoval.
Hasta la fecha, la familia de Hidelberto sigue esperando esa disculpa por parte del Ejército y del gobierno federal. Doña Emilia, madre de Hidelberto, ha confesado a su abogado que está dispuesta a perdonarlos si se disculpan por haber intentado eludir su responsabilidad con la versión de que habían sido civiles armados parapetados en la hierba, quienes dispararon contra Hidelberto. Refiere Raymundo Ortiz que no quería recibir el dinero de la indemnización y tuvo que convencerla.
“Doña Emilia no quería el dinero de la indemnización, estaba muy mal. Se ponía a llorar y me decía, ‘es que mi hijo siempre decía que él me iba a ayudar económicamente, y quién iba a pensar que sería de esa manera. Necesito que esto se acabe para poderlos perdonar, porque si no los perdono, saber quién es el asesino y decirle: te perdono de corazón, porque si no, no me voy a poder ir al cielo con mi hijo’”.
Añadió el abogado que tampoco se han dado las garantías de no repetición del acto, como lo pidió la CNDH, que por otra parte, acusa fue omisa al no establecer el resarcimiento del daño a la comunidad por haber sido vulnerada su autonomía y autodeterminación indígena con la detención de forma ilegal, como se comprobó en la recomendación, del entonces comandante de su Guardia Comunal.
