Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los habitantes de Sevina están seguros de un dato: nunca habían visto tantas obras por sus calles, no al menos mientras esta tenencia de la Meseta Purépecha dependía en términos presupuestales del municipio de Nahuatzen. Hoy, a cuatro años de votar por un autogobierno, regido por usos y costumbres indígenas, el pueblo se prepara para elegir a los nuevos consejeros comunales el próximo 4 de enero y demostrar que se puede aspirar a una mejor calidad de vida bajo este modelo donde no existen los partidos políticos.
El camino no ha sido sencillo, dice en entrevista el consejero de Infraestructura, Rafael Calvillo Morales, quien enumera una a una las mejoras que se han realizado desde 2020 ya con un presupuesto directo que en cada anualidad ha rondado los 12 millones de pesos. Junto con otros integrantes del Consejo en la Casa Comunitaria, recuerda todo lo que ha implicado llegar esta etapa en la que también perciben mejores condiciones de seguridad con la presencia de una ronda comunitaria.
Fue el 9 de diciembre de 2018 cuando por medio de una asamblea avalada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) los vecinos de Sevina votaron por administrar sus propios recursos, pero no pasaron ni cuatro meses cuando el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ordenó una segunda consulta porque se habían omitido preguntas que consideraban fundamentales para que el autogobierno entrara en funciones. Vinieron también recursos legales interpuestos por la antigua jefatura de tenencia que reclamaba operar ese presupuesto, pero tras la batalla en los tribunales, en 2020 por fin se pudo recibir el presupuesto y organizarse de forma independiente.
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Aquella asamblea fue reñida, recuerda otro de los consejeros, pues 801 habitantes votaron por el sí y 700 se opusieron al autogobierno, por lo que la comunidad quedó dividida, con un grupo importante de inconformes que pelearon por el esquema municipalista. Pero el ánimo no bajó, dice este hombre, quien reconoce que también fueron inspirados por sus vecinos de Cherán e incluso por el movimiento zapatista en Chiapas, que en 2001 visitó Nurío como parte del Tercer Congreso Nacional Indígena, encabezado por el Subcomandante Marcos.
“Nos marginaban, desde la época de la Revolución este pequeño pueblo ha sido saqueado incluso por los vecinos purépechas que se quedaron con parte de nuestras tierras”, relata un consejero que prefiere que la entrevista formal corra a cargo de Rafael Calvillo, quien comienza a dar detalles de cómo han aplicado los recursos que llegan a través del llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, también conocido como Fondo 3, del cual les corresponde el 12 por ciento en la proporción a los habitantes de todo el municipio, “sólo que nunca sabíamos si en realidad se aplicaba o cuánto era lo que nos llegaba”.
Arquitecto de profesión, indica que bajo el esquema municipal por lo mucho se aprobaban un par de obras cada año, con montos inferiores a los dos millones de pesos y bajo un esquema de costos que no les era informado. En cambio, desde 2020 han ejercido cada año cinco millones de pesos en infraestructura, informando a través de asambleas cómo se ejerce cada peso, al margen de que por ley deben transparentar cada trimestre sus gastos ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
Distribución equitativa
Al interior del pueblo las obras y todos los programas de gobierno se tratan de distribuir en partes iguales entre sus cuatro barrios: San Bartolo, San Miguel, Santo Santiago y San Francisco, donde las necesidades son distintas, pues en algunos casos había que hacer trabajos poco vistosos pero que eliminaron problemas añejos como inundaciones, y en otros se hicieron puentes que conectaron a colonias con el acceso carretero. Se agregan tramos pavimentados, restauración del adoquín, construcción de aulas escolares, una caseta policiaca para la Guardia Civil, oficinas para los policías comunitarios y mejoramiento de canales.
El gobierno autónomo presume poca burocracia: actualmente lo encabezan 14 personas cuyos sueldos mensuales son de cuatro mil pesos. En total, la estructura se compone de 70 empleados, pero serán reducidos a 40 para el próximo ejercicio. Esa Asamblea Comunal tiene a un coordinador y un secretario general en su parte central, con consejeros en materias de Honor y justicia, Servicios, Equidad, Contraloría, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Deportes, Infraestructura, Finanzas, Bienes Comunales, Comunicación Social, Salud y Programas Sociales. Aún les falta, reconocen, involucrar a más mujeres, pues solo tres forman parte de este organigrama.
Una de ellas es Magdalena Morales Chávez, a cargo del área de Desarrollo Económico, quien reconoce que ignoraba cómo desempeñarse en el cargo, pero aprendió sobre la marcha, sobre todo para el tema de la gestión con el gobierno del estado. Una de sus tareas fue impulsar un centro turístico comunitario que ofrece cabañas para hospedarse, por lo cual se generaron empleos para brindar el servicio a los visitantes. También revisa el funcionamiento de una embotelladora de agua, la cual tiene al frente a dos mujeres. “Formé parte de esta lucha por la autonomía, lo que me costó enfrentarme a otras personas del pueblo, con la misma familia, hubo mucha división, pero aquí estamos echándole ganas”, dice la consejera, quien antes trabajaba como conserje en el ayuntamiento de Nahuatzen.
En materia de seguridad pública, la ronda comunitaria, también conocida como Kuarichas, ha logrado reducir hasta en 40 por ciento el índice de delitos. El financiamiento lo obtienen no solo del presupuesto autónomo, sino de programas estatales como el Fortapaz, por el que pueden gestionar armas, capacitación y certificación.
Un caso ejemplar: ONG
El caso de este pueblo fue calificado como uno de los más exitosos por un grupo interdisciplinario que visitó la Meseta Purépecha en febrero de 2020, específicamente en las comunidades de Arantepacua, Comachuén, Nahuatzen y el propio Sevina. Se trató de la Misión Civil de Observación (MCO), integrada por el Centro de Derechos Humanos San Francisco de la Victoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, la Red Solidaria de Derechos Humanos, además de Servicios y Asesorías para la Paz.
“Durante su visita a Sevina, la MCO pudo constatar que, pese a las dificultades, el proceso de autodeterminación estaba más avanzado que en el resto de las comunidades visitadas y que las autoridades comunales estaban por iniciar los trabajos ecoturísticos, urbanos y de mantenimiento de la infraestructura pública para lograr la mejora de la calidad en la comunidad”, se destaca en el informe.
Van por autonomía en encargaturas del orden
Amparadas en la Ley Orgánica Municipal, que entró en vigor el 30 de marzo de 2021, actualmente en Michoacán hay 30 gobiernos de consejo comunal. El caso más antiguo es Nurío, ganado en tribunales en 2004, al que le siguió Cherán en 2011 por medio de una votación que lo convirtió en el primer y hasta ahora único municipio autónomo de la entidad. El más reciente es Zicuicho, que ya no dependerá del municipio de Los Reyes y que junto con Nuevo Zirosto están por recibir su presupuesto en los próximos meses.
Los pueblos que administran su presupuesto de manera directa desde 2021 son Santa Cruz Tanaco, Comachuén, Cherán, Tarecuato, Sevina, San Francisco Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, Arantepacua, San Felipe de los Herreros, San Ángel Zurumucapio, La Cantera y Santiago Azajo.
En 2022 se añadieron San Benito Palermo, San Pedro Ocumicho, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato, Crescencio Morales, Carpinteros, San Matías el Grande, San Pedro Jácuaro, San Miguel Curahuango, Janitzio, Carapan, Jarácuaro, Turícuaro y Angahuan.
Para el año que recién comienza, el principal objetivo de las organizaciones que impulsan el modelo de gobierno por usos y costumbres será que 350 encargaturas del orden también accedan a ese derecho, para lo cual se tiene que actualizar la Ley Orgánica Municipal.
Asimismo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ya solicitó al IEM que genere las condiciones para organizar una consulta binacional en Uricho, municipio de Erongarícuaro, pues al ser un pueblo migrante consideran que la decisión de pasar a la autonomía debe ser votada por quienes actualmente trabajan en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de San Diego, California.
Otro pendiente será la solución a la que se llegue en el caso de Tangamandapio, ayuntamiento que logró echar abajo la figura de autogobierno en la comunidad de La Cantera, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó sin efectos el contenido de la Ley Orgánica Municipal, pero que solo aplica para esa demarcación.
