MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- Michoacán requiere de una verdadera estrategia para el combate frontal a la delincuencia, pues aunque sea positiva la incursión de las Fuerzas Armadas en esta tarea y se desplieguen más elementos federales y estatales para las regiones con mayor índice de violencia, no es un esquema novedoso, coincidieron líderes parlamentarios de derecha.

Para los congresistas no hay gran diferencia en las acciones que desde el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se hicieron, como la militarización de algunas zonas o la coordinación con las entidades federativas, mismas donde a pesar de los esfuerzos, la presencia de los grupos de la delincuencia organizada es latente e incluso tienen el respaldo de autoridades municipales, donde Michoacán no queda exento.

De acuerdo con el líder de la fracción priista en el Congreso local, Eduardo Orihuela Estefan, es lamentable que en Michoacán se perciba nuevamente un escenario de violencia desmedida, en donde es evidente la falta del Estado de derecho, además de hacer mención de los más recientes sucesos en Zamora, La Huacana, Uruapan, Apatzingán e incluso la misma ciudad de Morelia.

“Tanto como una estrategia, no sé, prácticamente el uso de grupos militares como se había realizado en los anteriores gobiernos, o de fuerzas castrenses de la Marina y el Ejército no es nuevo, lo que sí necesitamos es una estrategia que nos ayude a, en conjunto, lograr el efecto que todo esperamos”, refirió Orihuela Estefan.

En entrevista para El Sol de Morelia, el legislador tricolor lamentó a su vez la disminución de recursos en los presupuestos federales destinados para el rubro de seguridad pública, sobre todo porque la inseguridad y violencia continúan aquejando al estado, y donde a pesar de los esfuerzos realizados, desde hace ya más de una década, el escenario estatal se sigue deteriorando.

Por su parte, el vicecoordinador parlamentario panista, Arturo Hernández Vázquez, coincidió en que la puesta en marcha de la segunda fase del plan de seguridad es más un trabajo de reacción que de estrategia ante el evidente repunte de la violencia en Michoacán, ya que debería ser con antelación el diseño y trabajo de un esquema eficaz contra la inseguridad. Señalando que las recientes acciones conjuntas entre Federación y municipios que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, ha anunciado con bombo y platillo no pueden evaluarse hasta no tenerse resultados.

Asimismo, consideró que hace falta el reconocimiento al esquema de mando mixto que el PAN ha propuesto; “para que haya intervención federal y estatal en los municipios, tanto se requiera, tanta capacitación como sea necesario. Esa parte es la que nos ha faltado, de que no siempre tenga que estar la Marina, la Policía Federal y el Ejército”.

Detalló que la puesta en marcha del mando mixto policial iría en función de dos modelos: cuando en algún municipio los índices de inseguridad o presencia de crimen organizado estén generando incremento en delitos de fuero común o federal; y en caso de que lo solicite el mismo gobierno municipal, cuando vea rebasadas sus funciones de combate a la inseguridad.

Agregó además que ante la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, seguirá faltando la parte social y humana dentro del desenvolvimiento de sus tareas, ya que aún hay temor en los ciudadanos y por ello el PAN mantiene sus reservas en las acciones impulsadas por los gobiernos estatal y federal, ya que, insistió, van más encaminadas a reaccionar que a prevenir.

Ediles, con presuntos nexos delincuenciales

Si bien a principios de año hubo resistencia por parte de algunos ediles para signar el acuerdo de coordinación con el estado, el legislador único por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, consideró que es un buen mensaje el hecho de que con el arranque reciente del plan de seguridad algunos ayuntamientos hayan cedido a trabajar en conjunto con el gobierno estatal, sin embargo señaló que no deben quedar en vano las investigaciones y aplicación de la ley a aquellos ediles que tienen algún vínculo con grupos de la delincuencia organizado o que accedieron a sus presiones para dejarlos andar por la libre.

Lo anterior, al recordar las declaraciones públicas que hiciera el mismo gobernador Silvano Aureoles sobre presuntos vínculos de algunos presidentes municipales con grupos delincuenciales. “De ahí es de donde se empiezan a hacer las alianzas con el crimen organizado”, agregó.

Reconoció además que al Ejecutivo estatal le ha temblado la mano en el combate a la delincuencia, pero en el sentido de no “exhibir e ir y fincar responsabilidades a los presidentes municipales que tienen nexos con el crimen organizado... se podría vislumbrar que la delincuencia organizada está controlando a los municipios y provocando la inseguridad. ¡Queremos desde luego que exista mano dura contra ellos!”.

En entrevista por separado, el líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, celebró el trabajo coordinado Federación-estado, no obstante también se pronunció en contra de que el Gobierno de la República -en su intención por frenar la corrupción- siga aplicando recortes a los presupuestos destinados a la seguridad, ya que ante la complicada situación económica por la que atraviesan las demarcaciones, es a veces complicado fortalecer las policías y emprender otras medidas al respecto.

Por su parte, Fermín Bernabé Bahena, líder de los parlamentarios de Morena, afirmó que la crisis en materia de seguridad que enfrenta Michoacán obliga a los diferentes órdenes de gobierno a establecer una estrategia coordinada, clara y contundente, para así atacar los principales índices delictivos que se registran en la entidad.

Desde el Congreso del Estado estamos dando la batalla, lo cual se vio reflejado con la armonización de la Guardia Nacional, esquema de seguridad con que el gobierno federal pretende resarcir el tejido social de aquellas entidades que mayores problemáticas de seguridad presentan, entre ellas Michoacán

Reiteró lo declarado en días recientes por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre el arribo de más de cuatro mil nuevos elementos, al mencionar que hay una excelente disposición del Gobierno de la República y del mismo grupo parlamentario para coadyuvar en el que dijo, es un blindaje para Michoacán.

Es de mencionar que pese a la solicitud de este medio de comunicación para obtener las impresiones de los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, hubo nula respuesta por parte de sus coordinadoras Brenda Fraga y Araceli Saucedo, respectivamente.

La realidad del país y estado en materia de seguridad

A seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pese a que la seguridad es una de las necesidades más solicitadas a la llamada Cuarta Transformación, tan solo en los primeros cuatros meses del año sumaron 11 mil 221 víctimas de homicidio doloso, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que en Michoacán se tiene registro de que de enero a abril se contabilizaron 514 homicidios dolosos, lo cual representa un incremento de hasta 10% en comparación con 2018, según el SESNSP.

Situación por la que además Michoacán será una de las primeras ocho entidades de país a donde arribarán los primeros elementos de la Guardia Nacional, a partir del próximo mes de julio, toda vez que en conjunto con Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Morelos, en ese orden, comparten la tasa más alta con cinco mil 776 asesinatos en los primeros cuatro meses del año. Es decir, 50% del total registrado por el Secretariado Ejecutivo en el mismo lapso del año.