Morelia, Michoacán (OEM-Infomex). La lentitud con la que trabajan las comisiones del Congreso del Estado y la falta de dictaminación de proyectos presentados por diputados de la presente Legislatura, propicia que asambleístas reciclen o repitan iniciativas planteadas con anterioridad para actualizar marcos normativos en materia de lo penal, ambiental familiar, entre otros.

Esta situación se ha repetido con frecuencia por integrantes de la LXXIV Legislatura quienes por desconocimiento de sus asesores, han retomado ideas que se llevan a tribuna como propuestas de reforma a leyes vigentes como ocurrió el pasado miércoles con dos iniciativas, una sobre la legítima defensa y otra sobre el derecho de los adultos mayores a recibir alimentación y cuidados de sus hijos.

La primera de las referidas fue presentada en noviembre del 2017 por la diputada priista Adriana Hernández Íñiguez, quien formó parte de la anterior legislatura como coordinadora de bancada y hoy es integrante del mismo grupo parlamentario del cual su compañero Marco Polo Aguirre llevó al Pleno este miércoles la propuesta para modificar el Código Penal del estado.

Incluir la legítima defensa en el Código Penal, mencionan, dotaría de certeza jurídica a los ciudadanos que vean amenazada su integridad física, la de sus familias y su patrimonio dentro o fuera de los domicilios, lugares de trabajo, escuelas y espacios públicos por lo que se les permitiría portar armas de fuego acreditadas por la autoridad competente.

Tema que además también fue retomado en noviembre del 2018 por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, para modificar el artículo 27 del marco normativo penal con similitudes en la redacción de argumentos y consideraciones planteadas.

Por otra parte, la diputada por Morena y presidenta de la comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Mayela del Carmen Salas Sáenz, ha sido repetitiva con temas que incluso se encuentran en proceso de revisión en la estructura que preside y que no han sido dictaminados para su votación en el Pleno.

La propuesta para reformar el Código Familiar para obligar a los hijos a dotar de alimentos a sus progenitores cuando estos sean incapaces de proveerse por sí mismos y en su caso, la misma obligación por descendientes más próximos en grado, fue llevada al Pleno cuando en fechas en la bancada perredista ya se había presentado un paquete de reformas a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultos Mayores, al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Código Familiar del estado para castigar el abandono y abuso a las personas de la tercera edad.