Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Ante el pleno legislativo será presentada una iniciativa de reforma para sancionar con hasta 15 años de prisión a quien venda medicamentos falsos, ya que Michoacán es uno de los cinco estados donde mayor venta ilegal existe.
La propuesta de adhesión al Código Penal fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, quien en su exposición de motivos resaltó que México es uno de los países a nivel mundial donde se venden más medicamentos falsificados.
Citó datos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la cual señala que seis de cada 10 medicamentos que se venden en México son robados, están caducados, son falsificados o fabricados con calidad mínima, lo cual coloca al país como el sexto a nivel mundial en falsificación de medicinas, solo detrás de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.
A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México, son las entidades en las que más se comercia con medicamentos ilegales.
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Mientras que la Secretaría de Salud (SSa) indica que 8 millones de personas son víctimas de la venta de medicamentos falsificados; además de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, este comercio ilegal deja ganancias al crimen organizado por más de 11 mil 500 millones de pesos anuales.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha detectado que las pérdidas pueden ascender a 150 millones de dólares y que en los últimos años se han confiscado 537 toneladas de medicamentos y bloqueado 8,500 páginas web.
En Michoacán, de acuerdo con la FGR, la venta de medicamentos falsificados se concentra en Aguililla, Coahuyana, Vista Hermosa y Tanhuato.
La iniciativa es una adhesión al artículo 218 del Código Penal de Michoacán y busca sancionar “a quien provea, venda, administre medicamentos de patente a sabiendas de que son falsificados o alterados”, con infracciones que irían desde los seis meses hasta 15 años de prisión o de 100 a mil días multa, dependiendo del valor de lo defraudado.