MORELIA, Mich. (OEM-Infomex).- Pese a la contaminación que prevalece en cuerpos de agua como La Mintzita, lagos de Pátzcuaro, Camécuaro, Cuitzeo, así como los ríos Duero y Lerma entre otros que han sido motivo de acuerdos e iniciativas de ley para lograr su rescate y protección, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso del Estado no han avanzado en la dictaminación de proyectos y se prevé que sea para el segundo año de actividades legislativas cuando puedan subirse al Pleno para aprobación.
Datos tan impactantes como el que se destacó en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, que colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional por erosión de sus suelos con una pérdida arbolada de más de un millón 300 mil hectáreas y una tasa de deforestación anual de 66 mil 700 hectáreas para la actividad ganadera y agrícola, han sido insuficientes para trabajar al respecto, ya que hasta el momento en Michoacán no existen medidas legales que obliguen a resarcir afectaciones por impacto ambiental.
Lo anterior debido a que en la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, presidida por la diputada de Morena, Mayela Salas y sus homólogos de la fracción parlamentaria del PRD, Norberto Martínez Soto y del PVEM, Lucila Martínez Manríquez, no hay avances en los trabajos de análisis de las propuestas impulsadas por el mismo Legislativo y el Ejecutivo para resguardar los bosques y los cuerpos de agua de los niveles de contaminación por drenaje, uso de agroquímicos y cambio de uso de suelo.
En noviembre de 2018, el diputado priista Omar Carreón Abud presentó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno estatal la creación de un fideicomiso público y plan integral con estudios, programas y acciones de rescate al Lago de Pátzcuaro, de manera que entre autoridades estatales, municipales de la región (Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan), y la Comisión Nacional del Agua establecieran un proyecto para salvar este cuerpo de agua.
Y es que según especialistas, al lago le restan 30 años de vida con una afectación directa a más de 200 mil pobladores que habitan en la ribera del lago y se mantienen del turismo, la pesca, la agricultura y la ganadería.
Para marzo de este año, la diputada petista María Teresa Mora Covarrubias denunció contaminación en el Lago de Camécuaro y Río Duero por descargas adicionales de aguas residuales por instalación y servicio de baños públicos y de un hotel ubicado en las cercanías del lago.
Para lo cual se realizaron estudios de laboratorio e impacto ambiental para conocer el nivel de contaminación y pidió a los gobiernos y ciudadanía en general actuar al respecto por el bien del ecosistema y de la misma población.
El pasado mes de abril, el Ejecutivo del estado envió al Legislativo una iniciativa de decreto para reformar artículos de la normatividad y actualizar los instrumentos jurídicos para procesos de conservación y cuidado del medio ambiente.
De acuerdo con el proyecto se planteó establecer como delito la captación de agua sin permiso ni supervisión; incorporar el término “seguro de responsabilidad civil” por daños ambientales para responder al principio de quien contamina paga; incluir la regulación de la modificación artificial de patrones hidrometeorológicos para tramitar la manifestación de impacto ambiental a quienes hagan uso de esos artefactos y evitar la mitigación de gases de efecto invernadero.
Mientras que en junio, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial planteó la creación de un nuevo impuesto por servicios ambientales de 3.5% para beneficiar a las comunidades de hasta 100 mil habitantes que cuidan los bosques. El cobro de dicha contribución estaría a cargo de los organismos operadores de agua potable de los municipios.
Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet, refirió que la medida explicada a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, viene integrada a la propuesta que entregó el gobierno en marzo para su análisis y dictaminación, lo que consideró necesario debido al contexto social y ambiental que se tiene en el estado.
Sobre esta situación, el diputado Norberto Martínez reconoció que será a partir del 15 de septiembre que regresen las actividades ordinarias en el Legislativo que se retomarán los temas pendientes en la materia además de retomar la propuesta de impuestos ecológicos para Michoacán.
Además de que comentó, el estado debe asignarle recursos a los mantos acuíferos de Michoacán que son el pulmón y los abastecedores de agua de los municipios, pues reconoció, el crecimiento urbano ha sido factor determinante para el desabasto del vital líquido en las comunidades.
