Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Durante la pasada administración de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), encabezado por Cristina Cortéz Carrillo, se entregaron apoyos a 23 mil 374 víctimas, pero en el registro estatal de víctimas de Michoacán solo existen cinco mil 691, la diferencia de los apoyos entregados es un 75% superior a las personas registradas, es decir, se habrían entregado más de 18 mil apoyos a personas que no figuran como víctimas o que no están reconocidas en esa calidad.
Los hechos ocurrieron del 2016 a septiembre del 2021, así queda constatado en una respuesta a una solicitud de información que se solicitó en septiembre del 2019, durante este tiempo estuvo como director del Fondo de Ayuda de la CEEAV, Absalom Tonatihu Trigo Magaña, quien hoy forma parte de la terna para ocupar la dirección general de la misma comisión.
La terna para ocupar la dirección de la CEEAV está integrada por tres funcionarios de esa misma dependencia, Trigo Magaña, director de Fondo de Ayuda; Alfonso Mejía Pineda, quien tiene funciones de director de Registro de Atención a Víctimas, y Cecilia Morales Melgoza, auxiliar de Cristina Cortés Carrillo, administraciones que se caracterizó por prolongar la atención a las víctimas del granadazo del 2008 y que hoy rompieron el silencio para alertar sobre la posible llegada de alguno de ellos a dirigir la CEAV.
Este fue un negro periodo para víctimas que ha si todo un trato sesgado e incluso hasta evasivo por parte de varios funcionarios de la comisión ejecutiva, así lo denunciaron al Sol de Morelia, María de Jesús Vázquez y Aurora Bravo, quienes acudieron a este rotativo para alertar sobre la posible llegada de estos funcionarios a dirigir una dependencia en la que han abusado de sus funciones y negado la atención integral.
María de Jesús incluso refirió que los amenazaban si declaraban a los medios de comunicación situaciones con las que no estaban de acuerdo, “ellos nos escribían lo que teníamos que decir. Yo tengo copias de lo que nos escribían y que teníamos que declarar, bajo la amenaza que de no hacerlo nos retirarían los apoyos que nos daban, entre ellos una pensión que nos otorgó el congreso del estado. Alfonso Mejía me lo llegó a decir, 'basta con que haga una llamada al congreso para que te quiten los apoyos', así me amenazaba”, denunció la víctima que hoy tiene que utilizar una silla de ruedas para desplazarse.
En el caso de Absolom Tonatiu asoma la responsabilidad de haber participado en la entrega de apoyos a personas que no están registradas en el padrón oficial de víctimas, tal como lo establece la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, donde especifica cuáles son las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos, procedimientos y medidas para que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral. Además, se deben garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento a las reglas del debido proceso, para ello deben ser reconocidas como víctimas.
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Otra de las quejas que señalan las afectadas, y que representan a un grupo de 12 víctimas que optaron por una asistencia jurídica particular, es que durante años se les ocultaron todos los derechos que tiene como víctimas, entre ellos la reparación del daño, que debió otorgar a su vez la Comisión, pero los funcionarios en mención les ocultaron este derecho por diez años.
El artículo 33 de la Ley de Atención a Víctimas establece que la CEAV estará a cargo del Registro y el Fondo y de Asesoría Jurídica; así como de la coordinación y asesoría técnica y operativa; coordinará las políticas, instrumentos, servicios y acciones, para garantizar la ejecución en el ámbito local de la política nacional en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, adoptadas por el Sistema Nacional.
A pesar de estar considerado en esta ley, las víctimas del granadazo nunca supieron que tenían derechos más allá de la atención médica y una pensión de apoyo económico que les otorgó el congreso de Michoacán, hoy después de 13 años de atentado, de 109 víctimas totales solo 12 están solicitando por la vía jurídica una reparación del daño, el resto desistió de este derecho porque nadie de la Comisión Ejecutiva Estatal les asesoró para recibir una indemnización.