Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Aunque los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, el contexto social y económico tanto del país como, en particular, el de la entidad generan carencias en materias como acceso a la educación, garantías para vivir en familia, tener una vida libre de violencia o contar con los servicios de salud.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 31.8 millones de personas entre cero y 14 años de edad, lo que representa el 25.5 por ciento de la población total. La pobreza, sin embargo, trae consigo derechos fracturados.
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Según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) en 2018 el 49.6 por ciento de los menores de edad eran pobres, mientras que 3.7 millones alcanzaban la pobreza extrema.
En ese año, seis de cada 10 personas de este grupo no tenían seguridad social, mientras que el 14.3 por ciento de los niños y adolescentes no tuvo acceso a servicios de salud en el periodo de la pandemia por coronavirus.
Uno de los derechos de la infancia es el que garantiza el acceso a la vida, la supervivencia y el desarrollo, pero la realidad marca que en México persisten fenómenos como el matrimonio y el trabajo infantil, los cuales aumentaron en 2020 respecto a 2010.
Actualmente, seis de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido o casado, y 122 de cada mil niños y niñas trabajan.
Decenas de quejas ante CEDH
En todo este entorno de carencias sociales para la infancia, hay que sumar las denuncias documentadas por un maltrato protagonizado por adultos en funciones públicas.
De acuerdo a la secretaria técnica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán (CEDH), Irma Nora Valencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 agosto de 2021 se acumularon 127 quejas por transgredir los derechos de este grupo considerado en riesgo de vulnerabilidad. Entre los casos más recurrentes se encuentra el bullying, la trata infantil, el trabajo forzado, la discriminación, la exclusión y el maltrato escolar.
Entre enero y abril del 2022 van 13 quejas, todas relacionadas con la educación donde los infractores son profesores, directores o prefectos. A partir de que se pone cada una de ellas, la CEDH inicia una investigación que puede derivar en recomendaciones notificadas a los servidores e instituciones, los cuales están obligados a reparar el daño.
Asimismo, el organismo autónomo se mantiene atento a la situación que impera entre las niñas y niños desplazados de sus comunidades debido a la presencia de civiles armados.
Esta violación al derecho a una vida libre de violencia ha desembocado en migraciones forzadas de familias completas principalmente a Tijuana, donde la propia Comisión ha constatado otro derecho quebrantado: el de la identidad, y es que cientos de personas huyen de las balas y salen de sus pueblos sin un solo documento, por lo que al llegar a otra ciudad no tienen manera de identificarse. Este fenómeno no solo se presenta en los que se van, sino en los que llegan.
Nora Valencia precisa que desde el año pasado arribaron migrantes a Michoacán procedentes principalmente de Haití, además de algunos países de Centroamérica, quienes también están acompañados de menores, así como la presencia de mujeres embarazadas.
Derecho a las clases, roto por pobreza y pandemia
Para Patricia Ganem, presidenta del Grupo Loga y coordinadora de Investigación de la asociación Educación con Rumbo, los derechos plenos para la infancia se rompen desde las prácticas de crianza (entre los cero y los 4 años de edad), pues es un periodo en el que una gran mayoría, por condición de pobreza, no tienen acceso a una buena alimentación, salud y cuidados básicos.
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“Esos niños arrancan su educación formal en desventaja, pues muestran niveles de desnutrición u obesidad, además de deterioros prematuros como diabetes infantil”, señala la especialista, quien agrega que en educación inicial hay 190 mil 740 niños que cursan este nivel educativo en el país, contra 627 mil 885 que no reciben ningún aprendizaje.
En el nivel preescolar, en 2021 hubo 440 mil menores que abandonaron la escuela porque sus padres no tenían acceso a la tecnología o simplemente no podían asesorarlos.
Ya en primaria, 13 millones y medio de niños recibieron clases a distancia, lo que significó renunciar a la actividad física presencial, sin hablar de todos los que carecieron de tecnología o fueron víctimas de violencia en el hogar, lo que puede llevar a conductas inadecuadas que se potencializan en el nivel de secundaria.
En cifras absolutas de deserción escolar, se tiene constancia de que entre 2018 y 2022 más de 3 millones 650 mil niños abandonaron la escuela en México, una fuga que también se detecta en 82 mil 686 profesores que renunciaron y más de 9 mil planteles que cerraron sus puertas. “Gran parte de estos niños se van a incorporar a trabajos informales y mal pagados”, lamenta la especialista.
Situaciones traumáticas: Padre Goyo
Activista en causas difíciles, Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como el Padre Goyo, ha auxiliado a decenas de familias que han huido de la violencia que impera en municipios como Aguililla, Apatzingán, La Huacana, Huetamo, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista, entre otros.
Afirma que en los albergues de Tijuana hay entre 400 y 500 menores michoacanos que emprendieron el viaje con sus padres y hermanos, y quienes ya presentan comportamientos de psicosis, ansiedad y miedo.
“Es una situación traumática, se levantan con terror, se espantan a la menor provocación, es un fenómeno caótico que va más allá de la pobreza y toca la salud mental de los niños porque es muy difícil explicarles lo que está pasando”, lamenta.
A través de la asociación civil El Buen Samaritano, con sede en Apatzingán, ha documentado que al menos hay mil 500 menores que han perdido a su padre o madre producto de la violencia fratricida , por lo que ya pretende edificar más áreas que atiendan de forma integral a este grupo tan maltratado.