Morelia, Mich (OEM-Infomex).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está sumida en una crisis profunda que se refleja en inestabilidad interna, acusaciones contra su titular, observaciones por parte del Congreso del Estado y opiniones negativas entre las organizaciones de la sociedad civil.
En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de enero, los trabajadores de la propia comisión a nivel estatal han venido ventilando violaciones a sus derechos y han acusado directamente al titular, Marco Antonio Tinoco Álvarez, de realizar actos de hostigamiento, acoso laboral, malos tratos, falta de pago oportuno y reducción salarial de hasta un 65 por ciento.
Aunado a esto, el presidente de la CEDH arrastra cuestionamientos de transparencia y rendición de cuentas desde el informe que presentó al Congreso del Estado en el mes de octubre del año pasado, por lo que en mayo de este 2022, el presidente fue llamado a comparecer ante los legisladores para explicar la falta de resultados.
No obstante, hace apenas un mes, Tinoco Álvarez de nuevo tuvo que salir a declarar ante los medios de comunicación que se encontraba dispuesto a comparecer frente a los diputados locales, esto tras los señalamientos que se hicieron en su contra sobre la posibilidad de que el organismo se encuentre “secuestrado” por funcionarios y partidos políticos.
Y es que fueron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso quienes solicitaron que se aplique un juicio político sobre el titular de la CEDH bajo el argumento de archivar más de 600 quejas, omitir información sobre el ejercicio de los recursos públicos, imprecisiones en los informes y falta de transparencia.
En este sentido, señalaron en el ejercicio fiscal 2021, que el Congreso autorizó al órgano autónomo un presupuesto total de 89 millones 095 mil pesos, en tanto que para el 2022, se dio un incremento de 98 millones 971 mil 944 pesos, sin embargo, ninguna de estas partidas presupuestales han sido transparentes pese a que los diputados locales han solicitado la información correspondiente.
De la misma manera se denunció que el titular de la CEDH hasta la fecha no ha concluido la entrega-recepción, aunque fue nombrado responsable del órgano por el Congreso desde agosto del 2021, e incluso, la Comisión sólo tiene cinco psicólogos y un médico, dejando al resto de la población en la indefensión.
El Dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada panista, Laura Pantoja Abascal, señala que el Informe 2021- 2022 entregado por el titular del organismo contiene una serie de imprecisiones y omisiones, ya que no se detalla ni tampoco se justifica a qué programas fueron destinadas las acciones o programas durante este periodo.
Asimismo, se denunció que tampoco hay detalles sobre el ejercicio de los recursos públicos presupuestados y ejercidos durante el 2022, lo cual, desde la perspectiva de los legisladores locales, no abona a la transparencia o a la rendición de cuentas. El presidente de la CEDH, también omite informar cuántas observaciones, quejas y acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas contra las leyes.
Por otra parte, Pantoja Abascal acusó que Tinoco Álvarez es violador de los derechos humanos porque ha generado acoso, discriminación política de género y ataques contra la dignidad humana hacia los trabajadores del organismo.
Aunque el titular de la Comisión ha expresado su voluntad de ir a comparecer de nueva cuenta, la legisladora expresó que esto ya no es suficiente, pues luego de su primera comparecencia, aseveró que se presentaron peores situaciones, “seguimos sin tener la información, sin saber por qué se archivan el 80 por ciento de las quejas, no conocemos cómo funciona el organigrama ni su administración”.
Luego de que el dictamen pasara a la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, subrayó que de momento se ha trabajado solamente en la mesa técnica, quienes serán los encargados de dar el ha lugar o no de los juicios ciudadanos que se han interpuesto.
“Confío en que mis compañeros diputados van a revisar todo como debe de ser y todas las pruebas jurídicas que existen. Nuestra Comisión de Derechos Humados ha actuado en todo momento con un paso a la vez, visibilizando todos los problemas que lamentablemente se tienen”.
Cabe mencionar que, hasta el corte de noviembre, un total de 4 mil 151 asuntos han sido recibidos en el año ante la CEDH, 2 mil 260 expedientes de quejas, mil 082 orientaciones y 767 a canalizaciones, sin embargo, el número de quejas archivadas han sido más de 600 y 720 se encuentran en estatus de trámite sin que se conozca hasta el momento la causa.
Temor a represalias
El Sol de Morelia buscó a trabajadores de la Comisión para conocer sus testimonios sobre la situación que se está viviendo al interior, pero ante el temor de sufrir más represalias optaron por reservarse sus comentarios.
Una de trabajadora del organismo, quien prefirió no revelar su identidad, explicó que a raíz de la protesta pública que realizaron se presentaron consecuencias negativas, pues hubo personal al que se le solicitó su renuncia.
Al calificar como “triste” el momento que se está viviendo, consideró que la movilización que se emprendió no tuvo los resultados esperados y, por el contrario, “se volteó el asunto”, pues argumentó que hubo represalias y los acosos laborales no disminuyeron de manera considerable como se buscaba.
Atención burocratizada
Convencido de que la crisis en la CEDH comenzó en la administración anterior, cuando el titular era Víctor Serrato, el vocero del colectivo Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez Rojas, señaló que la atención que se le da a las víctimas en el estado cada vez es más burocratizada.
Acusó que se ha dejado de lado la atención a las víctimas y parece que ahora todo se centra en los esfuerzos de prevención, donde todos quieren ofrecer capacitaciones, talleres y sensibilizar a la población, pero se olvidan de respaldar a quien se presenta a levantar una queja.
“Si una víctima pretende acceder a la justicia implica iniciar un calvario, pues se encuentran con instituciones que atienden de lunes a viernes, en un horario de hasta las tres de la tarde, además de que deben presentar pruebas que acrediten que han sido violentados. Estamos cayendo en un sistema burocratizado, donde incluso se impide que el funcionario se fortalezca en materia de protección y acompañamiento”.
Desde la experiencia que ha tenido en el colectivo, refirió que cada vez es el mayor número de población que ha dejado de presentar quejas y los que llegan a hacerlo, terminan por desistir del proceso porque se vuelve desgastante y caro.
“Generalmente el victimario tiene los medios para moverse, pagar abogados y traslados, pero las víctimas no, entonces prefieren claudicar porque tienen la sensación de que es una pérdida de tiempo, donde te hacen esperar hasta por dos hora en una audiencia y se dan cuenta que están frente a una simulación”.
Sobre la situación que se vive actualmente en la Comisión, Martínez Rojas refirió que los partidos políticos colocaron de manera “cínica” a sus perfiles en áreas que son claves al interior del organismo, por lo que, desde su percepción, es notorio la disputa entre académicos para “ver quién es el más doctorante o maestro, pero se cuenta con poco personal operativo que haga acompañamiento a las víctimas”.
Finalmente, el activista apuntó que mientras no se tenga una autonomía presupuestal en los órganos garantes de la protección de derechos humanos de las personas, seguirá siendo complicado acceder a una verdadera justicia y las instancias como la CEDH, terminarán convirtiéndose en una oficina más.
