Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).-Un total de tres amparos han sido interpuestos en contra del proceso que se inició en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para cubrir una consejería que se mantenía acéfala, derivado de diferentes irregularidades, entre las que destacan presuntos conflictos de intereses.

Las irregularidades que surgieron en el proceso que concluyó en la designación de Carlos Alberto Gamiño García fueron exhibidas por tres de nueve integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo los casos de los consejeros Juan Carlos Miranda Rosales, José Cuitláhuac Guzmán y Miguel Medina Romero.

Los antes mencionados manifestaron su inconformidad con la designación de Carlos Alberto Gamiño García, luego de denunciar que la evaluación con que fue electo “estuvo cargada de un importante cúmulo de inconsistencias desde que se emitió la convocatoria correspondiente”.

En conferencia de prensa, Miguel Medina Romero, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, exhibió que, desde que se conformó la comisión de selección para cubrir una de las cinco consejerías del organismo, se habrían incluido perfiles afines a los diputados que formaron parte de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, entre ellos la entonces diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y hoy directora del Telebachillerato, Cristina Portillo Ayala.

“No es posible que si este órgano se creó para atacar la corrupción en nuestro estado se estén cometiendo irregularidades en la definición de los perfiles que formamos parte del comité”, enfatizó Medina Romero.

A estos argumentos se sumaron Juan Carlos Miranda Rosales y José Cuitláhuac Guzmán, quienes condenaron que la clase política siga incidiendo en la vida interna de un comité que nació para acabar con los actos de corruptela que imperan en la esfera pública de Michoacán.

Exhiben conflicto de intereses

En esta supuesta injerencia de la clase política, los denunciantes revelaron que dos de los nueve integrantes de la comisión de selección del comité, que contrajeron matrimonio, habrían impulsado la designación de Alberto Gamiño García.

Son los casos de José Luis Cortés González y Blanca Liliana Ramón Mena, quienes fueron señalados por valerse de su matrimonio para marcar tendencia en la designación de la consejería que permanecía acéfala al interior del Comité de Participación Ciudadana.

“La inconsistencia que resalta más es el hecho de que una pareja de esposos haya influido en esta designación, porque evidentemente estamos cayendo en un conflicto de intereses”, subrayó el consejero Miguel Medina Romero.

Con judicialización del proceso tumbarían designación

Medina Romero denotó confianza en que con los tres amparos promovidos en contra del proceso de selección del comité se revertirá “un resultado que a todas luces está plagado de irregularidades”.

Aun cuando no precisó detalles respecto a los amparos iniciados por participantes en el proceso, remarcó que éstos están sustentados en que “no se eligió al mejor perfil, y en las evaluaciones que hizo la comisión de selección se sustentan estos señalamientos”.

Dijo esto, tras mostrar documentación donde se muestra que la aspirante que mayor calificación obtuvo en las evaluaciones del proceso fue Claudia Moreno Verduzco, quien fue evaluada con un 89.06 por ciento de efectividad en la prueba, contra un 83.59 de Alberto Gamiño.

El denunciante descartó que su postura en contra de la designación de Alberto Gamiño responda a intereses sobre un aspirante en particular, “por el contrario, queremos que este proceso sea abierto y transparente, porque de lo contrario la única afectación recaerá sobre la ciudadanía”.

Ante este escenario, la pulcritud del proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción quedó en entredicho, luego de que se denunciaran posibles vicios de conflicto de intereses en el desarrollo del mismo.