Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Al reprobar el mal uso de recursos cuando se vive una grave crisis en nuestro país, el diputado Antonio Soto Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue a fondo y se sancione con todo el peso de la ley, por la compra de ventiladores a sobreprecio.
“La venta a sobreprecio de ventiladores mecánicos, para pacientes graves de COVID-19, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por parte de León Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe ser investigado a fondo y sancionarse con todo el peso de la Ley”, expresó mediante comunicado de prensa.
Soto Sánchez lamentó los hechos, más cuando no es el primer caso de corrupción que se reporta en la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, ya que el 30 de marzo de este mismo año, el IMSS firmó un contrato con la empresa Levanting Global Servicios SA para comprar 2 mil 500 ventiladores por 93 millones de dólares.
El propietario de la empresa, se señala en el comunicado, era Baldemar Pérez Ríos, empresario mexicano residente en Estados Unidos, quien fue acusado de fraude millonario por compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses, caso por el que fue inhabilitado en el país vecino.
Antonio Soto demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue la compra de ventiladores a sobreprecio y de todos los insumos que en esta contingencia se están adquiriendo.
Condenó que se utilicen los recursos públicos para beneficiar a funcionarios, cuando deben destinarse para la urgencia nacional tanto sanitaria como económica que implica la pandemia, puesto que el sobreprecio evidencia rapiña política.
Exigió que la Federación garantice el uso adecuado de los recursos públicos y transparente cada peso que se ejerce, apegado a las normas aplicables y se sancione a quienes violente o desvíe recursos.
“En México, la prioridad nacional debe ser la contención y atención de la contingencia sanitaria, así como atender los efectos que en la economía está generando a la población; por lo que, es apremiante que la Federación apoye a los estados y municipios y deje de estar violando las leyes que rigen a nuestro país. Cada acto de corrupción que se denuncie debe ser investigado y sancionado si se comprueba una acción indebida”, puntualizó.