Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Por segunda ocasión en menos de una quincena, el grupo de 10 abogados que constituye la defensa de Diego Urik, acusado de asesinar a Jessica González Villaseñor, no acudieron a la audiencia de juicio oral, conducta que les trajo una multa de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 3 mil 840 pesos.

El pretexto utilizado por los defensores es que uno de ellos se rompió la mano y dos más estaban enfermos, pero de los siete restantes no hubo información que justificara su ausencia.

El imputado pidió disculpas al juez y a los presentes, y solicitó diferir la audiencia ya que son justamente esos tres los que ejercen como sus representantes titulares, mientras que el resto son auxiliares.

Ariel Montoya Romero, juez asignado para este caso, indicó que si este recurso se vuelve a presentar procederá a solicitar que se declare abandono de defensa, lo que constituye un delito de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, daría un aviso al fiscal del estado, Adrián López Solís, para que inhabilite a cada uno de los 10 abogados en cuanto a su posibilidad de presentarse a juicios, como se indica en el Código Penal del estado.

La asesoría jurídica de la víctima indirecta, en este caso la madre de Jessica González, pidió una revocación a la decisión del juez, ya que no se presentaron los justificantes de los siete abogados restantes y se les tuvo que obligar a presentarse, y no a diferir la audiencia.

Montoya Romero afirmó que la conducta de los defensores “ya no puede ser permitida” y si vuelven a recurrir a lo mismo podría abrirse una investigación contra todos ellos.

Leyes estúpidas: Verónica Villaseñor

Verónica Villaseñor, mamá de Jessica, mostró su frustración por no avanzar en el desahogo de pruebas. Dijo que este tipo de estrategias es permitido por la ley y no se puede hacer mucho más.

Tenemos unas leyes estúpidas que protegen a los imputados, no a las víctimas

Verónica Villaseñor, mamá de Jessica

Ahora, teme que Diego decida disolver a todo su cuerpo legal y con ello se pueda retrasar más el juicio oral, pues en ese caso los nuevos representantes estarían facultados para pedir un tiempo determinado para conocer todo el expediente.