Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Contraloría de Michoacán depurará expedientes abiertos por irregularidades detectadas en el gobierno de Michoacán, informó su titular, Azucena Marín Correa, quien refirió que la dependencia heredó un archivo de cuando menos cuatro mil observaciones por inconsistencias y posibles actos de corrupción que se han venido acumulando al paso de los últimos 14 años.

En entrevista, descartó que se le vaya a dar carpetazo a los expedientes que recibió a su llegada, pero no precisó qué periodos de gobierno serán considerados en la depuración que anunció este lunes.

“Son aproximadamente 4 mil expedientes abiertos desde 2008 y 2009; ahí voy a tener que hacer una depuración porque ¿para qué estamos cargando cosas que ya no?”, dijo al descartar que se le vaya a dar “carpetazo” a inconsistencias que hayan generado daños al erario público.

De acuerdo con la contralora estatal, que ya había declarado sobre el tema en exclusiva, las faltas administrativas, que podrían derivar en inhabilitaciones y sanciones de carácter penal, en el peor de los casos, se registraron durante los tres últimos mandatos, donde tuvieron participación Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García, Salvador Jara Guerrero y Silvano Aureoles Conejo.

Del acumulado de posibles inconsistencias administrativas y casos de corrupción, la funcionaria estatal precisó en diciembre de 2021 que el gobierno de Silvano Aureoles es el más señalado, tomando en cuenta que, durante su sexenio, se acumuló el 60 por ciento del total de expedientes que llegaron a la cancha de la Contraloría.

“Hay muchos expedientes que tenemos y les estamos dando curso, porque tenemos expedientes abiertos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, más los que se nos han venido sumando a partir del proceso de Entrega-Recepción”, refirió en aquella ocasión.

Frente a estas declaraciones, este lunes la contralora del estado dio a conocer que muchos de estos expedientes serán sometidos a depuración, para lo cual se analizará cuántos de estos ya prescribieron, o cuántos más no fueron bien integrados para dar seguimiento por posibles actos de corrupción.