Morelia, Michoacán (OEM - Infomex).- El número de denuncias por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria ha mostrado un aumento constante en los últimos años en Michoacán. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2020 se registraron 110 casos, pero en 2022 la cifra llegó a 187, mientras que en los tres primeros meses de este año van 70.
La mayor parte de denuncias se concentran en la región Morelia, que el año anterior tuvo 74 querellas, superando por más del doble a la región Uruapan, con 36.
Recientemente se dio a conocer que un hombre llamado Víctor Eugenio N. fue sentenciado a seis meses de cárcel y el pago de 135 mil pesos por no cumplir con la pensión alimentaria, pese a que desde 2018 había firmado un convenio con su expareja para aportar una cantidad económica de manera semanal para el sustento de su hijo, lo que sin embargo no cumplió. La autoridad lo vinculó a proceso otorgándole una nueva oportunidad de ponerse al corriente, sin pisar la prisión, sólo que, de nueva cuenta, faltó a su compromiso. Así se abrió un juicio oral que terminó perdiendo, por lo que pasará ese tiempo tras las rejas.
La titular del área de Acceso a la Justicia en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) Yhaveth Pintor Velázquez, refiere en entrevista que el año pasado 27 denuncias fueron judicializadas, mientras que un número similar se desahogó a través de mecanismos alternativos de solución de controversias.
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Las cifras en el estado respecto a las denuncias por ese delito son bajas si se considera que en todo el país se registraron más de 23 mil 200 en 2021, mientras que el año pasado el promedio mensual fue de casi 2 mil mujeres que acudieron ante la autoridad para exigir lo que por derecho le corresponde al menor.
El Código Penal estatal, en su artículo 181, contempla el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cuya pena va de los seis meses a los tres años de prisión, además de un cálculo económico para la reparación del daño.
Pintor Velázquez señala que el incumplimiento de las pensiones alimentarias es algo muy común en Michoacán, pero gracias a los movimientos feministas y el poder de las redes sociales cada vez se denuncia más. Hay casos donde la agredida llega al CJIM para exponer dicho tema, pero al ser canalizada se suelen encontrar otros delitos paralelos como la violencia física y psicológica. El proceso de denuncia incluye conversaciones con una trabajadora social, una psicóloga y el departamento de servicios integrales, vinculado al Poder Judicial.
La obligación de los padres para la manutención de sus hijos termina hasta que ellos concluyen sus estudios, sin importar que sea un nivel de posgrado. Sin embargo, cuando ocurre una separación, es la madre la que asume con mayor frecuencia la totalidad de esos gastos.
Para que una persona llegue a la denuncia penal tiene que haber una sentencia dictada por un juez familiar, además del requerimiento de pago contra el deudor. En la instancia familiar se dan oportunidades de hasta dos años para que el deudor pague sus obligaciones, pero cuando éstas se agotan llega el momento de los juicios orales y la probabilidad de cárcel.
En 2022 tres hombres fueron sentenciados por ese delito en Michoacán, uno de ellos fue con prisión preventiva de un año y nueve meses, además del pago por reparación del daño. En los otros dos se optó por el juicio abreviado, pero también incluyeron cárcel para los infractores.
De acuerdo al Censo poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay poco más de 35 millones de mujeres que ya son madres, 48 por ciento de las cuales están casadas, 23 por ciento viven en unión libre, 10 por ciento son viudas, 9 por ciento se separaron, 7 por ciento son solteras y 3 por ciento se divorciaron legalmente.
La presión social para que los hombres cumplan con su obligación de pensión alimentaria también ha impactado en la esfera pública, pues el Senado aprobó la llamada Ley 3 de 3, reforma constitucional que inhabilita a deudores alimentarios morosos, a sentenciados por violencia familiar y delitos sexuales para que ocupen un puesto de representación popular.
