Morelia, Michoacán (OEM-Informa).- La corrupción y la indiferencia merodea la historia de las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 15 de septiembre de 2008. Aunque existió un fondo especial para la reparación del daño en la administración de Leonel Godoy Rangel, resultado de aportaciones voluntarias, éste desapareció cuando el funcionario dejó su cargo.
Lo recibido “fue apenas una dádiva”, refiere en entrevista Aurora Bravo Lucas, una de las víctimas que hoy sigue peregrinando en tribunales y oficinas de gobierno para exigir una compensación por los daños que sufrió ella, su esposo, su cuñada y su sobrina, a lo que hay que sumar el deceso de su suegra.
Narra que a costa de su dolor, otras personas fueron las beneficiadas con recursos económicos que estaban destinados para apoyar a las víctimas del atentado terrorista, y a pesar de que todo ocurrió en el 2008, con Leonel Godoy Rangel como gobernador, nunca los ayudó con una medida de compensación.
“No era contra nosotros, era contra Godoy. Las granadas eran para él y las recibimos nosotros, ni siquiera por eso se tentó el corazón. Nos robó el fondo especial al que muchas personas habían aportado. Se hicieron eventos públicos para recaudar fondos, eventos de cine, aportaciones de ciudadanos, incluso hasta Rafa Márquez y otros jugadores de futbol aportaron mucho dinero”, recuerda.
Revela que había una contadora que era su amiga, “decía que con lo que se estaba acumulando a cada uno de los afectados nos iban a dar un apoyo de casi un millón de pesos, pero el gobernador nos robó. El primer año nos dieron un apoyo de siete mil pesos, el segundo año nos dieron una computadora y otros cinco mil pesos, eso fue todo, a pesar de que mucha gente perdimos nuestro empleo”.
En el 2008 ella trabajaba para una agencia de autos en la ciudad de Morelia, pero debido a la incapacidad y a los tiempos de tratamiento se vio obligada a dejar su empleo. Ni Leonel Godoy ni los gobernadores siguientes les dieron un apoyo, y fue hasta la llegada de Silvano Aureoles Conejo cuando se les entregaron viviendas a 14 familias, mientras que en otros casos se restauraron casas y se les impulsó para establecer un pequeño negocio familiar.
“Pero para todo hay maña”, refiere Aurora, al hacer énfasis que también se les entregó una pensión que no es universal ni proporcional con los daños de cada víctima, “incluso hay personas que reciben ese apoyo y no están entre los afectados”, asegura.
Hoy, 13 años después del atentado, la señora se aferró al apoyo para su negocio, aprendió a hacer pasteles, panes, empanadas, galletas y otros postres, por lo que todos los días sale a vender los productos en su moto y así ganarse la vida.
Hoy, gracias al apoyo de su abogada Reyna Velasco, podría ver la justicia luego de que un juez federal ordenó a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas le resuelva a su favor, señalando que han presentado todas las pruebas y han excedido el tiempo de resolución, por lo que está a la espera de que se ejecute esta resolución y en lo sucesivo al resto de su familia.
