Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- El Congreso de Michoacán tiene hasta el mes de mayo para realizar las consultas a las más de 200 comunidades indígenas, personas con alguna discapacidad y pueblos afromexicanos, sin embargo, las reuniones siguen sin tener quórum de legisladores, evidenció la presidenta de la Comisión de Educación, Belinda Hurtado Marín.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), informó que la 75 Legislatura tiene hasta el último día del mes de mayo de este 2023 para cumplir con el plazo de un año que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para consultar a las comunidades originarias, personas con discapacidad y afromexicanos sobre temas y leyes que tengan que ver con la educación del estado.
Hurtado Marín, refirió que hace unas semanas en el Congreso de Nuevo León ya se inició el procedimiento de desacato, porque de igual manera los diputados no han iniciado las consultas a estos tres grupos de población, lo cual, también pasará en Michoacán advirtió la diputada, debido a que sus homólogos están más interesados en temas políticos.
Señaló la importancia de que a la brevedad los diputados acudan a las reuniones convocadas por las Comisiones Unidas de Educación, Pueblos Indigenas y la Electoral para iniciar los procedimientos de las consultas, toda vez que desde diciembre del año pasado fue aprobado un presupuesto de diez millones de pesos para este tema.
La tardanza de realizar las consultas en el estado, según Hurtado Marín, es la falta de sensibilidad de los demás legisladores para acatar el mandato de la SCJN, ante lo cual, la diputada exigió a sus compañeros de Legislatura renunciar o bien, que sea la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la encargada de todo el procedimiento.
“Se está terminando el tiempo sólo tenemos hasta mayo, y mientras esto no suceda, estamos impedidos en legislar en materia de educación inicial e indígena. Solo se pueden meter propuestas ante el pleno”, añadió.
La presidenta de la Comisión de Educación, recordó que el Congreso de Michoacán fue el que recibió mayor número de observaciones en la Ley de Educación por la SCJN con más de 400, mientras que otros estados recibieron entre 150 y 200 observaciones. “Todo esto fue, porque tenemos asesores que no fueron inclusivos y no tomaron en cuenta la visión de los especialistas”, acusó.
