Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) serán afectados en sus prestaciones y en su economía tras la eliminación de la autonomía financiera de la institución; una decisión que fue tomada este miércoles por los integrantes del Congreso local.

Lee también:Avala congreso auditoría al órgano fiscalizador de Michoacán

Así lo consideró el auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda quien a su vez calificó como un retroceso esta determinación, ya que a nivel nacional todas las auditorías tienen su autonomía presupuestal y también la autonomía de gestión técnica y para ejercer el propio presupuesto.

En específico los diputados locales aprobaron la eliminación de la Unidad Programática Presupuestaria (UPP), perteneciente a la misma ASM y que fue creada en 2020.

El hecho de que ahora sean los diputados quienes tengan el control absoluto de los recursos económicos de la ASM, de acuerdo con Aguirre Abellaneda, es un retroceso ya que se corre el riesgo de que para el siguiente años no sean cubiertas en su totalidad las prestaciones sindicales de los trabajadores.

Las prestaciones en los servicios como pago de gasolina y viáticos, también quedarían bajo el control de los legisladores y lo que ellos dispongan.

El titular del órgano fiscalizador estatal dijo estar a la espera de la aprobación del Presupuesto 2023 que se le asignará a la ASM, pero tras los señalamientos de diputados, principalmente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es posible que su institución no reciba los 242 millones de pesos que fueron solicitados para el siguiente año.

“Se vienen prestaciones importantes para pagar, y el aumento de salario que pedirá el sindicato, así que será muy difícil poder cumplir con estos compromisos si vamos a depender del congreso”, manifestó.

De acuerdo a lo expresado por el auditor, la institución estatal mantiene actualmente un déficit 40 millones de pesos, que afecta las finanzas de la ASM; por ello que solicitó 242 millones de pesos para el 2023 a fin de hacerle frente a las contrataciones que se han hecho de auditores calificados.

Aguirre Avellaneda pidió a los legisladores dejar fuera temas personales, y evitar “dañar a la institución” que se encarga de la transparencia y la fiscalización de los recursos del estado.