Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- En Michoacán, toda persona que intente o consuma el delito de extorsión ya sea de manera personal, vía telefónica o por medio de las nuevas tecnologías, incluyendo cualquier red social, será sancionado con 15 hasta 25 años de cárcel y será perseguido de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución.
Así lo aprobaron con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados locales que asistieron este jueves a la sesión del Congreso de Michoacán y que forma parte de la propuesta de iniciativa que se envió hace unas semanas el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla al Legislativo en la que se reformaron artículos 187 bis, 187 ter y 187 quater, y la derogación de los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado.
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Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe 2022) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la extorsión fue el principal delito cometido en Michoacán, ya que el 28 por ciento de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de ese ilícito, seguido de otros como fraude, las amenazas verbales y robo en la calle.
El año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró un total de 65 casos de extorsión, en el 2021 fueron reportados 61 y en lo que va de este año la dependencia indica que sólo tiene tres denuncias.
Con las nuevas reformas en el estado, los servidores públicos de las dependencias están obligados a denunciarlo ante el Ministerio Público, cuando en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho constitutivo del presente delito hacía alguno de los sectores económicos o productivos con los que se encuentren relacionados.
La aprobación de dicha iniciativa que sanciona con 15 hasta 25 años de prisión a quien intenta o consuma este delito en Michoacán, de acuerdo con la exposición de motivos del mandatario michoacano, es que la extorsión ha incrementado de “forma alarmante” en la entidad, principalmente cuando cualquier persona o miembros de algún grupo criminal, coaccionan o intimidan a los ciudadanos para que les paguen a cambio de “protección” o también para que puedan desarrollar sus actividades comerciales o agropecuarias, a lo que ha venido denominándose el “cobro del derecho de piso”.
De igual forma, el gobernador en el documento hizo referencia a que hay casos de personas que simulan ser miembros de algún grupo de la delincuencia organizada para infundir miedo a la víctima y de esa manera evitar que la víctima denuncie el hecho por miedo a las represalias.