Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El plazo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio al Gobierno de Michoacán para responder por el caso Arantepacua venció el pasado 22 de enero, y no hubo contestación por parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo, señaló Francisco Hernández Cohenete, representante de las víctimas del 05 de abril de 2017, fecha en que dicha comunidad se enfrentó a cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales en domicilios.
A un mes de que la CNDH girara recomendaciones para el Gobierno de Michoacán por el caso antes referido, entre ellas una disculpa pública y la reparación integral del daño ocasionado en la comunidad de Arantepacua, Francisco Hernández, quien se presentó como representante de las víctimas en entrevista telefónica, condenó que, “la administración de Silvano Aureoles siga ignorando la masacre que vivimos, masacre donde tuvo participación la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
“El pretexto de las autoridades era que se repelió un ataque por parte de comuneros de Arantepacua, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo descartó, y confirmó que la SSP tuvo responsabilidad en cuatro ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y allanamientos ilegales”, enfatizó el entrevistado.
Esto, luego de confirmar que, en la intervención que tuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante un conflicto agrario entre comuneros de Arantepacua y Capácuaro, “se acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes”.
Ante omisión, anuncian movilizaciones
Al no haber encontrado respuesta en las autoridades, el representante de las víctimas de Arantepacua anunció movilizaciones para generar presión al Gobierno de Michoacán; sin embargo, dijo, éstas se someterán a la valoración del Consejo Comunal Indígena de dicha demarcación.
“Ya vimos que no contamos con este gobierno, que van a seguir encubriendo a criminales, por lo que habremos de tomar otras acciones, nos movilizaremos para hacerle presión a las autoridades. Que lo sepan, no nos vamos a quedar callados”, sentenció para luego remarcar que, a consecuencia de los hechos antes referidos, “no vamos a permitir la instalación de casillas en Arantepacua, les daremos la espalda como ellos nos la dieron a nosotros”.
Promesas sin cumplir
A partir de que la CNDH se pronunció respecto al caso Arantepacua, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, y el secretario de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, se comprometieron a atender las recomendaciones en cuestión, lo cual, de acuerdo con las declaraciones antes expuestas, no ocurrió.
“Se van a acatar las recomendaciones y está en proceso esa tarea, esa responsabilidad”, declaró el gobernador en entrevista colectiva ofrecida el pasado 14 de enero.
A éste le siguió el titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, quien luego de omitir si existen investigaciones en contra de elementos de la SSP, refirió que, “estamos preparando la contestación, les adelanto desde ahora y a reserva de precisar los detalles de esa contestación, estaremos aceptando la recomendación, es una situación de carácter institucional y obligada para la tarea de investigar el hecho”.
Pese que se comprometieron respuestas a las recomendaciones de la CNDH, el representante de las víctimas de Arantepacua, Francisco Hernández Cohenete aseguró que no existió contestación, misma que se tuvo que hacer efectiva con fecha límite al pasado 22 de enero, un mes después del pronunciamiento de la institución encargada de velar por los derechos humanos de la ciudadanía.
