Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los asesores legales de comunidades indígenas acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el día de ayer invalidó los alcances de la Ley Orgánica Municipal, lo que dejaría sin el derecho a recursos propios a pueblos que así lo decidan.
Luego de conocer la resolución, el gobierno del estado organizó una reunión urgente con representantes de los pueblos originarios a quienes les prometió acompañarlos a las instancias internacionales, pero también les informaron que el propio mandatario Alfredo Ramírez Bedolla irá el próximo lunes a la SCJN para que le expliquen los alcances de su resolución, toda vez que hasta ahora no saben si solo tendrá efectos para las comunidades de Tangamandapio, cuyo alcalde anterior fue quien promovió la impugnación.
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El encuentro entre gobernador e indígenas tuvo lugar en la Casa Michoacán, donde fue el propio Ramírez Bedolla el primero en tomar la palabra para demostrar su desacuerdo con la Corte, pero acotando que se trató de una cuestión de forma, más no de fondo, ya que algunos ministros consideraron que no se hicieron las consultas suficientes entre la población indígena para la elaboración de la Ley Orgánica Municipal. En ese sentido, dejó en claro que el artículo segundo de la Constitución es inamovible en el rubro de otorgar el derecho a las comunidades para que ejerzan su propio presupuesto.
También reiteró que la resolución no afecta a las comunidades que ya ejercen su autonomía, es decir, no es de carácter retroactivo. Lo que pedirá conocer la siguiente semana es si los ministros solo resolvieron que las tenencias de Tarecuato y La Cantera, en el municipio de Tangamandapio, son las que no tendrán derecho a sus propios recursos, o bien, aplica para todo el estado.
Congreso no supo defender Ley Municipal
Uno de los principales impulsores de los autogobiernos, Orlando Aragón Andrade, cabeza del colectivo Emancipaciones, fustigó que la representación jurídica del Congreso del Estado no haya sabido defender los términos de la Ley Orgánica Municipal e incluso nunca dio a conocer que el anterior alcalde de Tangamandapio tenía una impugnación en curso.
“Es una resolución retrógrada y una lógica de carácter colonial que perjudica a los indígenas mediante el propio derecho de las comunidades, pero oyendo al ayuntamiento… Por parte de los diputados, responsables de la ley, se hizo una pésima defensa, no se supo llevar la discusión legal y nos deja en una situación de indefensión, porque ni nos enteramos de este juicio”, declaró.
Añadió que ante tal escenario el único camino es acudir a la Corte Interamericana, pero es un proceso largo que incluso podría llevar varios años. “Vamos a demandar a la SCJN, no aceptamos este fallo y solo nos queda esta instancia, por lo pronto el golpe ya está dado”.
A las voces de inconformidad se sumó la de Pável Uliánov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quien reprochó que en efecto no se hubiera consultado a todas las comunidades del estado, pues una muestra de 20 no puede representar a más de 500, además de las jefaturas de tenencia y encargaturas del orden. Dijo que esta resolución representa un segundo golpe a los pueblos originarios, luego de que se determinara que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) no puede resolver controversias en estas comunidades.
Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla reconoció haberse molestado con la determinación de la SCJN, pero “ya con la cabeza fría” habrá de explorar por las rutas legales, no sin acusar a los ministros de conservadores y con una visión colonialista.