Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua arribaron este viernes a Morelia para realizar un mitin y de paso desmentir al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien esta semana aseguró que en su momento pidió disculpas públicas y atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de una masacre ocurrida el 5 de abril de 2017, donde cuatro personas fueron asesinadas por policías estatales.
Francisco Hernandez Cohenete, familiar del joven ejecutado Luis Gustavo Hernández, dijo para El Sol de Morelia que el exmandatario mintió “de manera descarada”, pues además de la disculpa que no ha emitido, debe reparar los daños causados a la comunidad enclavada en la Meseta Purépecha. Entre los puntos de la recomendación número 42 VG/2020 de la CNDH, aún falta por cumplir la asistencia médica permanente para las víctimas indirectas, que además no han sido registradas de manera oficial, pese a que son más de mil.
Los pobladores de esta comunidad perteneciente al municipio de Nahuatzen aseguraron que no solo Aureoles Conejo tiene cuentas pendientes con la justicia, sino funcionarios que lo acompañaron en ese operativo, entre ellos el ahora fiscal Adrián López Solís, el entonces secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona y quien fuera secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo.
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Añadieron que con el actual gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla se han instalado mesas de diálogo para las reparaciones del daño, pero no se ha avanzado más allá de eso.
“Arantepacua reconoce a Silvano Aureoles como un asesino y nunca vamos a descansar hasta verlo tras las rejas; la cárcel es su destino”, mencionaron los voceros del movimiento, quienes buscan que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), pues no confían en quien ahora ocupa el cargo de fiscal en el estado.
Otro de los comuneros, de nombre Alejandro, dijo que en el pueblo nunca aceptarían una disculpa del perredista, pero sí esperan que se cumplan las recomendaciones que también incluyen obras de infraestructura, como una universidad y un taller de carpintería. “La disculpa la aceptaríamos solo en caso de verlos detrás de las rejas, y eso quién sabe”, remató.
Viudas exigen justicia
Celia Morales Maldonado es una de las mujeres que perdieron a sus esposos aquel 5 de abril, cuando un comando de policías estatales arribó a Arantepacua y terminaron por cometer ejecuciones extrajudiciales. Fue ahí que perdió a Francisco Jiménez, quien era carpintero.“A más de cinco años no hemos recibido justicia, ya que el gobernador no quiso acatar la recomendación de la CNDH”, señaló.
Como ella hay otras dos viudas y la abuela de un estudiante que también perdió la vida. Además, se sumaron 10 casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias, sin que ninguno de los funcionarios de aquel entonces haya sido llamado a rendir cuentas.
Uno de los voceros del Consejo Comunal de Arantepacua añadió que no se ha cumplido con la reparación del daño, pues ésta solo será posible cuando los autores materiales e intelectuales sean castigados, sin importar nombres. También piden que esa reparación garantice la no repetición de actos similares y que la disculpa sea extensiva para todas las comunidades indígenas y no indígenas de la entidad.
Lamentaron que algunos de los funcionarios implicados en la masacre incluso hayan sido premiados con puestos clave, como el caso del fiscal. “¿Cómo vamos a confiar en la FGE? Adrián López Solís no se va a investigar a sí mismo”, cuestionaron.
