Morelia, Michoacán (OEM-infomex).-La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha recibido nuevas pruebas para que avance la denuncia interpuesta el 2 de febrero de este año, en la que un ciudadano afirma que la sobreproducción de aguacate en Michoacán genera impactos negativos en el medio ambiente.
El documento original fue revisado por el Secretariado del organismo, que dio un plazo de 30 días para determinar si se puede fincar un expediente que a la larga provoque recomendaciones de Canadá y Estados Unidos para nuestro país. En específico, el denunciante subraya que México incumple las reglas del capítulo 24 del tratado comercial entre las tres naciones y viola artículos de la Constitución Mexicana.
El 6 de marzo, el Secretariado notificó al ciudadano, cuya identidad está reservada, que la petición no cumplía con todos los criterios de los artículos 24.27(2) y (3), y que contaban con 60 días para presentar una nueva queja para sustentar sus dichos, de lo contrario, “se dará por concluido el proceso relativo a la petición SEM-23-002 (Producción de aguacate en Michoacán)”.
El 25 de abril, antes del plazo establecido, el Secretariado recibió una petición revisada y la comenzó a analizar, prometiendo tener una respuesta para el próximo 26 de mayo. El oficio contiene la firma de Caitlin McCoy, en su calidad de oficial jurídica en la Unidad del Secretariado.
Entre las observaciones, el Secretariado afirma que se debe garantizar que las autoridades mexicanas “sean conscientes de las preocupaciones sobre la falta de aplicación de la ley ambiental”, lo que el ciudadano ya ha respondido en su último oficio. Subraya que instancias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) “han estado enteradas desde hace varios años de la problemática ambiental por la falta de aplicación efectiva de las leyes en la producción de aguacate en Michoacán y no han dado respuestas o atención adecuada a la problemática”.
De manera puntual, la CCA solicita que el gobierno mexicano haya sido enterado de la afectación que provoca una parte de la producción aguacatera por tres vías: comunicaciones por escrito, denuncias populares y publicaciones oficiales de la misma autoridad. En respuesta, el peticionario muestra varias pruebas que estarían cumpliendo con dicha exigencia. Establece que el 17 de mayo de 2017 el diputado Pascual Sigala Páez presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para regular la producción aguacatera, misma que recibió el visto bueno de la Mesa Directiva el 24 del mismo mes. Después se le envió una notificación por escrito al entonces titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, lo mismo que a la Conafor, pero no hubo respuesta alguna de ninguna de las dependencias. Además, se le mandó copia al gobierno michoacano, a sus instituciones del ramo e incluso al Consejo Estatal de Ecología (Coeco). Con esas pruebas, el promotor de la denuncia señala que hubo una comunicación por escrito “cualificada” que entera a las autoridades federales y estatales sobre la problemática ambiental relacionada con la producción de aguacate y les solicita instaurar una mesa de trabajo para buscar soluciones ante la “emergencia ecológica” que vive Michoacán.
También menciona que la problemática ecológica por la sobreproducción del “oro verde” ha sido analizada por el Senado de la República desde 2017, cuando emitió un punto de acuerdo para investigar los constantes cambios de uso de suelo en la entidad.
En cuanto a las denuncias populares, señala que en el periodo 2012-2021 se identifican al menos 35 querellas en Michoacán “que tienen que ver con tala de bosque, derribo de arbolado, incendios o cambio de uso de suelo, con el fin -en todos los casos- de sembrar aguacate”. Eso demuestra que “las autoridades ambientales están perfectamente enteradas de la problemática ambiental”, señala el denunciante.
Finalmente, asegura que sí hay publicaciones oficiales de las propias autoridades federales, pues en el Plan Anual 2022 de la Conafor se incluye un diagnóstico sobre la deforestación y la tala inmoderada, donde se menciona al aguacate michoacano. Añade que hay decenas de investigaciones académicas que alertan por los daños ecológicos del aguacate, estudios que han sido patrocinados por el gobierno mexicano. Pero también menciona mesas de trabajo y documentos realizados por la Cámara de Diputados, la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y la Secretaría de Agricultura, todos ellos reconociendo que no existe un equilibrio sustentable en la producción de este fruto.
Finalmente, el ciudadano escribe que con esas pruebas confía en que se ayudará a lograr la aplicación efectiva de la ley ambiental, la protección del medio ambiente y, en su caso, la reparación del daño ambiental causado en los últimos 20 años en Michoacán.