Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En Tzintzuntzan, un lugar que otorga atención a personas con discapacidad es el Centro de Atención y Desarrollo Cultural Colibrí a.c. el cual enfrenta una resolución por desalojo, denunció en rueda de prensa su directora, Tania Calderón González.
La directora señaló que en el 2020, Colibrí a.c. fue demandada por Raúl Campos Villagómez, el cual reclama que el edificio es suyo a pesar de que su familia llegó a un acuerdo de venta con el ayuntamiento.
Sin embargo, el demandante obtuvo una resolución favorable por parte del juez de primera instancia en materia civil de Pátzcuaro, el cual dictó una resolución por desalojo en perjuicio de los 80 beneficiarios que son atendidos en Colibrí a.c. por un equipo de 10 profesoras.
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La cuestión, refirió Calderón González, no sólo es dar a conocer el posible desalojo, sino señalar una situación que viola los derechos de las personas atendidas y para las cuales crearon un programa "que integra las áreas de psicología, lenguaje, aprendizaje, terapia física, estimulación temprana, así como actividades para las familias".
La condena de desalojo le fue notificada el 12 de octubre.
El edil de Tzintzuntzan, José Guadalupe Ramírez Reyes, afirmó que Raúl Campos Villagómez quiere adjudicar un inmueble que su familia ya había vendido al municipio.
"Vamos a estar al pendiente de hacer lo necesario para que ese desalojo no ocurra; hay documentos como contratos de compraventa, ni una escritura como tal pero vamos a pelear para que el centro siga atendiendo a niños con discapacidad".
Aquí está la problemática, pues el edificio fue vendido al ayuntamiento por Eusebio Campos Cruz y Clara Villagómez Estrada, con el acuerdo de que cuando el municipio terminara de pagar ya obtendría las escrituras, pero los señores fallecieron antes de que ese proceso terminara.
Por tanto y a pesar de que Raúl Campos Villagómez fue testigo de los contratos de compraventa, ahora busca la oportunidad de hacerse de nuevo con el edificio.
Tania Calderón González comentó que esta acción de despojo ya la dieron conocer tanto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como a su esposa Grisel Tello Pimentel quien es presidenta honoraria del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
También se notificó al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, en espera de obtener el respaldo del estado y de dichas instituciones.
Noemí Herrera Becerra, quien es una de las madres de familia beneficiadas por Colibrí a.c., expresó que la denuncia "es una invitación a esas personas que están agrediendo los derechos de los niños de Tzintzuntzan y los alrededores, para que se den cuenta del daño que se ocasionaría si quitan el inmueble, ojalá hagan consciencia y retiren las demandas".
El abogado que asesora a Colibrí a.c., Sigifrido Peña Méndez, mencionó que en este momento se están analizando los pasos legales a seguir, pues el objetivo es "evitar la entrega del edificio". Sin embargo, no ofrecieron el nombre del juez.
Es de anotar que Colibrí a.c. funciona como centro de desarrollo desde el año 2003, teniendo desde entonces subsidios del ayuntamiento de Tzintzuntzan para dar atención a personas con alguna discapacidad, principalmente a infantes de Tzintzuntzan y otros municipios como Quiroga.
