MORELIA, Mich; (OEM-Infomex).- En Michoacán, el servicio integral de la defensoría pública para poblaciones indígenas es aún inexistente, ya que en ninguna de las comunidades autóctonas se tienen oficinas directas del Instituto de la Defensoría Pública del estado por lo que son canalizados a Uruapan y Zamora para acceder a asesorías y trámites correspondientes.
Aunque la demanda del servicio ha sido solicitada por ciudadanos y autoridades municipales para tener una extensión del Instituto de la Defensoría Pública en los pueblos originarios, actualmente sólo se vinculan a otras localidades o se realizan visitas temporales por parte de los defensores públicos.
Según datos de la institución, en lo que va de 2019 se han atendido 18 mil 490 casos de los cuales 16 mil 66 fueron asesorías y orientaciones y dos mil 424 prosiguieron ante el órgano jurisdiccional, pero de ese universo, sólo 813 se han contabilizado por servicio en plazas públicas, vía telefónica y redes sociales.
Dentro de este último están algunas poblaciones indígenas en las que incluso, el registro a julio fue de apenas 30 personas originarias de las comunidades de Santa Fe de la Laguna y San Jerónimo Purenchécuaro que fueron atendidos para brindar asesoría o procesos jurisdiccionales.
Marco Aurelio Nava Cervantes, titular del Instituto de la Defensoría Pública, reconoció que aún es insuficiente el número de defensores públicos adscritos a la institución para atender a 16 regiones del estado, toda vez que son 158 profesionistas para dar atender a la población que solicita los servicios.
Tan sólo en Morelia, dijo, se concentra la mayor cantidad de servicios con 50% de los casos registrados, le sigue Zamora con 20% y el resto 30% se distribuye en las otras regiones de Michoacán.
Adelantó que para la Meseta Purépecha se tiene proyectado instalar una oficina de abogados en Paracho con el propósito de atender servicios en las poblaciones de Charapan, Cherán y otros.
“Si los pueblos originarios requieren asesoría, de momento se les traslada a Uruapan y si es de la región de la Cañada de los Once Pueblos se les atiende en Zamora”, comentó el funcionario.
También añadió que la capacitación ha sido primordial en estos casos, ya que se carece de defensores públicos que hablen lenguas indígenas por lo que recientemente comenzaron la certificación para que abogados tengan la facilidad de comunicarse con los pueblos originarios y se facilite una atención integral.
Nava Cervantes detalló que principalmente las asesorías que más se realizan son en materia civil y familiar, mercantil y con sentencia ejecutoria, siendo las mujeres las que acuden con mayor frecuencia al instituto para acceder a los servicios gratuitos.
De acuerdo con la estadística correspondiente al primer semestre de este año, de los dos mil 424 casos que se judicializaron previo seguimiento por el instituto de la Defensoría Pública, 675 son en temas penales del sistema acusatorio, 684 ingresaron a las salas penales y mil 75 se dieron en materia de lo civil y familiar.
