Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Colima donde fueron secuestrados los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia estaban desconectadas el 15 de enero, por lo que su búsqueda ha sido más complicada.
Así lo denunció María de Jesús Ramírez, esposa del abogado Lagunes, y reiteró que en aquella entidad no han encontrado la colaboración del gobierno y la Fiscalía para dar con el paradero de los activistas que el día de los hechos acababan de tener una reunión de trabajo en el municipio michoacano de Aquila.
A dos meses de la desaparición, dijo que la carpeta de investigación ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) aunque la de Michoacán sí colabora con las indagaciones que hasta ahora han sido infructuosas.
Señaló que la minera Ternium continúa cerrada como medida de presión, pero el gobierno federal ya ha tratado de que reabra sus puertas con promesas de que los comuneros puedan recibir recursos económicos de compensación, lo que los familiares ven de forma negativa, pues es una forma de negociar la lucha de la comunidad.
María de Jesús Ramírez llamó a una mejor coordinación entre los dos estados y el gobierno federal, "que dejen atrás su lucha de egos", subrayó. Finalmente, dijo que sigue la presión de organismos internacionales continúan mostrándose en varios sentidos, con presencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y el Parlamento de Luxemburgo.
Para recordar los dos meses de la desaparición, ambas familias celebraron una misa en la Catedral de Morelia.
