Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- Apenas comenzaba la segunda semana de este año cuando el policía municipal de Jacona, José Eduardo Z., fue acribillado a unas cuadras de su casa. Lo mataron un par de jóvenes a bordo de una motocicleta, quienes huyeron sin que hasta ahora los hayan localizado. La misma suerte corrió Hermes Eloy Escobar Cholico, quien tenía un mejor puesto: subdirector de Seguridad Pública de Marcos Castellanos, lo que no impidió que la mañana del 18 de enero un sujeto le disparara a plena luz del día frente a la Presidencia Municipal ubicada en San José de Gracia.

Tan solo en los primeros cinco meses del año, en México se habían asesinado a 186 policías, de los cuales 13 brindaban sus servicios en Michoacán, cifra que lo ubica como el cuarto a nivel nacional de acuerdo al registro de la organización Causa en Común, basada en reportes periodísticos. Las tres entidades donde más se han cometido estos homicidios son Guanajuato con 33, Zacatecas con 17 y Chihuahua con 15, mientras que Colima también presenta 13 y Jalisco 12.

Las estadísticas del actual sexenio indican que en el país son ya dos mil 004 los elementos policiacos víctimas del crimen, la mayoría de ellos adscritos a las corporaciones municipales. Si bien se trata de un oficio de alto riesgo, los hombres y mujeres que deciden ser parte de estas corporaciones enfrentan carencias que empiezan desde una deficiente certificación y en el caso de muerte concluyen con un martirio burocrático para sus deudos, quienes emprenden largas batallas para cobrar un seguro de vida, sin hablar de procesos para reparar el daño que prácticamente son imposibles.

De acuerdo a datos solicitados a la Fiscalía General del Estado (FGE) vía transparencia, desde 2015 hasta marzo de 2023 un total de 175 policías fueron víctimas de homicidio doloso, y de todo ese número, solo de uno se obtuvo sentencia condenatoria. En 17 casos las carpetas se archivaron, 47 están en trámite, siete están judicializadas con detenidos y 36 también se judicializaron, solo que sin un solo capturado.

En ese mismo lapso hay 114 policías cuya muerte se clasificó como homicidio culposo, pero en 35 casos no se ejerció la acción penal y 17 siguen en trámite. Por ese delito nadie ha recibido una condena.

“La conclusión de todo esto es que matar a un policía en Michoacán no tiene consecuencias legales, es prácticamente un hecho que no se pisará la cárcel”, señala en entrevista la abogada Reyna Velasco, quien ha acompañado a familiares, sobre todo viudas, para que obtengan justicia tras la muerte de sus parejas.

Seguros que no se pagan

Para quien pierde a su compañero de vida se le viene “un panorama desolador”, sostiene la especialista, pues para empezar, en la mayoría de los casos ese hombre representa la única fuente de ingresos en la familia, así que más allá del dolor, la viuda debe buscar un empleo en lo inmediato. Al mismo tiempo, comienza el procedimiento para cobrar el seguro de vida que en muchas ocasiones ha tardado hasta cuatro años, lo que suele generar que la víctima indirecta se canse y renuncie a lo que es su derecho.

El seguro de vida para los policías estatales y municipales ha provenido de fondos gubernamentales, lo que implica que en caso de muerte los deudos acudan a la Secretaría de Finanzas para hacerlo efectivo, pero ahí es donde inicia el ir y venir, el cansado papeleo que además implica gastos en transporte y alimentación en medio del luto.

El gobierno del estado anunció recientemente que para revertir este proceso destinará 14.4 millones de pesos para los seguros de vida de 3 mil 682 elementos de seguridad pública, cantidad que se obtendrá gracias a los ahorros del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) vía su esquema de compras consolidadas, con lo que espera que se terminen las historias de revictimización entre los deudos.

Reparación del daño, imposible

Al engorroso proceso por cobrar los seguros se suma otra contrariedad: lograr que se obtenga la reparación económica del daño, solo que esta depende enteramente de que un caso llegue a la sentencia, probabilidad que, como ya se observó, es casi igual a cero.

“Los casos de elementos que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, en enfrentamientos o emboscadas quedan sin justicia; la Fiscalía realiza las diligencias en el momento, entrega los cuerpos a los familiares y san se acabó, es seguro que nadie pisará la cárcel, como lo demuestran las estadísticas de los últimos ocho años”, lamenta Velasco.

La Ley de Víctimas en el estado contempla la figura de la compensación subsidiaria como una forma de reparar el daño por parte del estado en el caso de que no haya una sentencia contra el responsable. Sin embargo, aún en esa situación la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ha rehusado a pagar porque quizá en el futuro se logre capturar a alguien, lo que la abogada considera absurdo si se considera que hay carpetas que ya rebasan los 10 años de antigüedad.

Salarios bajos y pocas prestaciones

En el estudio “Las policías en México; radiografía de un retraso crónico” la organización Causa en Común apunta que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica implementado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) tiene por objetivo fortalecer a las policías municipales y estatales, articularlas con la Guardia Nacional y las fiscalías generales para prevenir el delito, mejorar la investigación y disminuir la incidencia delictiva, pero poco de eso se ha cumplido.

En un diagnóstico de 2021, el gobierno federal reconoció que el tema más preocupante seguía siendo el de los salarios de los policías, así como sus prestaciones y certeza jurídica para sus elementos. En el caso de Michoacán, el salario de un policía de la Guardia Civil oscila entre los 13 mil y 17 mil pesos, dependiendo del rango, mientras que los municipales de Morelia ganan en promedio 12 mil pesos.

Algunos de los estatales se han quejado de condiciones laborales precarias como uniformes viejos, falta de gasolina para sus unidades, armamento deficiente y reducción de prestaciones, como lo denunció el año pasado el policía Israel Bravo en una marcha de protesta en la capital michoacana.

Nancy Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, dice en entrevista que la militarización en México ha perjudicado el desarrollo de los policías estatales y municipales, pues se ha construido una narrativa donde se afirma que las corporaciones locales están rebasadas y necesitan el apoyo castrense. “Pero es un círculo vicioso porque se les reduce el presupuesto y se les quita legitimidad al ser los primeros respondientes, restándoles el reconocimiento social que deberían tener”.

La misma organización realizó una encuesta en 2019 en la que comprobó que no hay una regulación en las jornadas laborales de los policías, lo que deriva en esquemas conocidos como 24x24, es decir, trabajar 24 horas seguidas y luego descansar el mismo lapso. Ese tipo de rutinas no son las adecuadas, pues generan problemas como aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica, lo que también se conoce como “el síndrome de Burnout”. En casos extremos, “la tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio”, detalla el estudio de Causa en Común.

Canjura Luna añade que de los 186 policías asesinados en el año, el 48 por ciento eran municipales, el 40 por ciento estatales y 10 por ciento federales. En años anteriores los asesinatos ocurrían en el trayecto que el elemento hacía hacia su zona de trabajo o en sus días de descanso, pero en los últimos meses han aumentado los casos de emboscadas que ejecutan integrantes del crimen organizado, lo que habla de “una falta de inteligencia en labores preventivas contra civiles armados”.

La investigadora consigna que en las entidades con mayor presencia de grupos del narcotráfico es donde aumenta el número de policías asesinados, tales como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde además hay un reacomodo de fuerzas que se traduce en la multiplicación de cárteles.

Policías en las marchas

Aunque la policía es quien comúnmente vigila el transcurso de una protesta callejera, en México es común ver que ellos sean los protagonistas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, se registraron al menos 331 movilizaciones de uniformados, lo que incluyó 152 paros, 119 manifestaciones y 60 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país, de acuerdo a un conteo de Causa en Común. En ese periodo Michoacán tuvo 12 jornadas de protesta en las que se exigió básicamente mejores pagos y condiciones laborales.

El peor año para nuestra entidad en cuanto a policías asesinados fue el 2019, con 41 caídos, seguido del 2022, con 24.

Nancy Canjura Luna concluye que la policía en todo México se encuentra en una situación de vulnerabilidad por distintos factores, destacando el del crecimiento de la delincuencia organizada, pero también por la impunidad de los crímenes. En sus indagaciones ha visto una excepción en Nuevo León, pero en el resto del país nunca se captura a los responsables. “Por desgracia, resulta muy barato cometer ese tipo de delitos”, lamenta.