Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, heredará más de dos mil recomendaciones sin resolver, lo que tomará al menos ocho meses revisarlas para emitir la recomendación correspondiente.
La falta de personal en el organismo es uno de los impedimentos con que cuenta, además de la insuficiencia presupuestal, por lo que luego de recibir el nombramiento por parte del Congreso del Estado el pasado 18 de agosto, Tinoco Álvarez plantea solicitar una ampliación económica para el próximo año.
“Hay exceso de trabajo para la cantidad de personal que tiene la comisión”, destacó en entrevista exclusiva el nuevo comisionado, quien tomó posición del cargo pasado jueves.
Mencionó que en el área de proyectistas solo existen cinco personas para todo el estado, lo que limita que se verifiquen 20 asuntos a la semana. En Zamora se tienen 800 quejas, pero solo hay ocho personas atendiendo la región en diversas actividades como capacitaciones o brindando acompañamientos en Sahuayo y Jiquilpan.
Esas limitantes han dado pie a que el comisionado busque ramificar sus regidurías al nivel que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes abarcan las 10 regiones del estado en que está dividido.
Pese a estar impedido por ley, su intención es que para el 2023 esto se haya logrado, ya que al momento solo cuenta con cinco regidurías.
Afirmó que será un ombudsman “de carne y hueso. Yo creo que el comisionado ha estado alejado de la sociedad, voy a intentar bajar a ras de piso a la Comisión”.
Sobre el diagnóstico del organismo, indicó que le llevará por lo menos 15 días, ya que que a pesar de haber sido consejero, no conoció el ADN de la comisión, respecto a la estructura administrativa y normativa, sin embargo, adelantó que para finales de esta semana dará cuenta de algunas acciones a emprender, sobre todo encaminadas a la cercanía ciudadana.
Tinoco Álvarez reconoció que el organismo ha sido omiso, atribuyendo este descuido principalmente a la falta de presupuesto, a la modernización de las leyes que lo regulan y que lo han sumido en una dinámica que no es versátil.
Reiteró que entre sus prioridades será ampliar el presupuesto para el año 2022, ya que este 2021, la Comisión alcanzó solo 89 millones 095 mil pesos.
Insistió que la Comisión Estatal ha tenido que hacer malabares para acercarse a la ciudadanía, lo que implicará uno de sus mayores retos, sobre todo, ante la falta de presupuesto que a través del diálogo con los legisladores locales y con el Ejecutivo estatal, buscará ampliar.
Actualmente el presidente comisionado alcanzan un sueldo de 93 mil pesos, mientras que el secretario ejecutivo 60 mil y los visitadores 33 mil 800 pesos, frente a lo que gana el 73 por ciento de los trabajadores, para quienes su salario no rebasa los 10 mil pesos mensuales, explicó.
“No se gana mal, pero luego tampoco es poquito, pues éste (el presidente) resuelve más asuntos que un magistrado de Sala que gana 120 mil pesos mensuales” comparó.
Lo que implicará retabular los salarios. “Hay diez salarios buenos, pero el 73 por ciento que no es de estructura, que es de nómina propia, la verdad es que están muy mal pagados”.
Por otro lado, indicó que entre sus prioridades será revisar el caso Arantepacua, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dio vista a la Comisión Estatal respecto de las violaciones que se indican.
Aunado a ello afirmó que tanto Arantepacua como Aguililla y Coalcomán son casos que revisará con mucho detenimiento y con base en las constancias que obran en los expedientes.
Pese a haber sido profesor de postgrado del Fiscal Estatal, Adrián López Solís, el nuevo comisionado aseguró que no le temblará la mano para emitir cualquier tipo de recomendación respecto de esta institución, ni tampoco en contra del SSP o el Ejecutivo Estatal, ya que su compromiso es únicamente con la ciudadanía.
