Morelia, Mich.- (OEM-INFOMEX).- El 80% de las 109 áreas de internación municipal o barandillas que fueron supervisadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resultaron con deficiencias en rubros de trato humano, derecho a la legalidad y espacios físicos que garanticen la atención a grupos vulnerables.
De acuerdo con los resultados del programa estatal de la comisión que se realizó en 108 municipios en el derecho a recibir un trato humano digno el 47% de los espacios carecen de iluminación y visibilidad, los sanitarios y lavabos no cuentan con agua corriente, no tienen agua potable y pocos tienen ventilación natural. El 36% cuenta con equipamiento como botiquín, señalética de ruta de evacuación ni extintores.
De la totalidad, el 84% no cuentan con equipo de video vigilancia lo que a decir del presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano “fomenta conductas policiales irregulares que pueden derivar en castigos a los detenidos, lesiones, malos tratos, torturas y otras prácticas contrarias al debido proceso". Tampoco se cumple con el principio de separación de hombre y mujeres en un 66% de los casos.
En cuanto al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica 94% de las barandillas no cuentan con Juez Cívico y en el 92% de los casos no se realiza examen médico, esto solo se hace en aquellos detenidos que se pondrán a disposición del Ministerio Público.
En el derecho a la protección de la salud, solo el 18% de los municipios cuenta con servicio médico adscrito al área de seguros pública, un “incumplimiento grave" según el ombudsman que señaló además que en lo que respecta al derecho a la integridad personal las direcciones de seguridad pública local no cuentan con el personal de seguridad y custodia suficiente.
Sobre la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, el 45% de los separos supervisados no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física.
Todo ello deriva en que “la calificación reprobatoria coloca en una situación lamentable a todas las cárceles, lo que deriva en una violación general a la ley vulnera el respeto de los derechos y genera irregularidades en el acceso a la justicia", precisó Serrato Lozano.