Morelia, Morelia (OEM-Infomex).- Ante la ola de violencia que azota a zonas como la costa michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo el pasado 8 de mayo que las comunidades indígenas de Aquila deberían optar por el autogobierno y asumir su propia seguridad pública para que disminuyan los delitos. En ese escenario, incluso ha comenzado a usar la idea de “un cuarto nivel de gobierno”.

El 27 de abril, al presentar un documental sobre pueblos que han optado por la autonomía, el jefe del Ejecutivo dijo ante los medios de comunicación que así como el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la cuarta transformación, “yo hablo de un cuarto nivel de gobierno, de la cuarta República, es decir, llegar a una gran reforma constitucional y seguramente en Michoacán lo haremos”.

La propuesta, sin embargo, deja dudas en algunos académicos y activistas. El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Ulianov Guzmán, señala en entrevista que la sola presencia de gobiernos organizados bajo usos y costumbres no garantiza la reducción de delitos, pues recuerda que a la fecha no se ha cumplido con el Convenio Marco firmado por el gobernador y los Consejos de Gobierno. “Eso fue hace más de un año y medio y no han cumplido con enviar destacamentos de la Guardia Civil a las comunidades, se necesita capacitación y que certifiquen a las Rondas Comunales porque quedan en estado de indefensión”.

Añadió que a la par se requiere crear rondas comunitarias regionales, con participación de comunidades indígenas, para una labor más amplia de inteligencia por zonas. Asimismo, exige que no se discrimine a los pueblos que carecen de autogobierno, como el caso de Aquila, porque “sí tienen derechos colectivos como también ocurre en los casos de Ostula o Nurío”.

El mismo Ramírez Bedolla dijo en enero que las rondas que no estén certificadas no tendrán derecho a recursos estatales, lo que deja en evidencia que mientras este proceso siga incompleto, se corren riesgos ante los grupos criminales.

Por su parte, el investigador del Colegio de Michoacán (Colmich), José Eduardo Zárate Hernández, refiere que desde principios del siglo XXI ya se hablaba de un cuarto gobierno como forma de organización en los pueblos indígenas, pero aterrizar el concepto no es algo sencillo: “Los retos de los gobiernos indígenas en la era moderna han sido el mantenimiento de su soberanía territorial, la defensa de sus recursos, la cohesión interna y evitar rupturas y confrontaciones al interior de la comunidad”, subraya en su ensayo Gobierno autónomo y policías comunitarias.

Aquila: minas que dividen a la población

Evitar las confrontaciones internas y defender al territorio ha sido prácticamente imposible en Aquila, municipio ubicado en la región de la Sierra Costa donde conviven cuatro etnias: San Miguel de Aquila, Santa María de Ostula, Pómaro y Coire, además de San Juan Huitzontla en Chinicuila, todas ellas de origen nahua.

El 15 de enero pasado, en la frontera de Colima y Michoacán fueron levantados los activistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, quienes participaban en la organización comunal de Aquila, donde hay una clara división a partir de la llegada de la empresa minera Ternium. El día de su desaparición, ambos trataron el tema de la elección del presidente de bienes comunales y la entrega de regalías de la compañía a 465 comuneros por concepto de renta de las 270 hectáreas explotadas para la extracción de mineral de hierro.

La violencia no cesó: el 1 de abril mataron a Eustacio Alcalá, líder indígena de San Juan Huitzontla y 17 días después el exjefe de tenencia de Santa María Ostula, Juan Medina, fue acribillado a balazos mientras trabajaba con su esposa en la venta de comida durante una fiesta en Chinicuila. El 4 de mayo, otros cuatro indígenas murieron luego de ser atacados con arma de fuego, tres de ellos en la ranchería de Colola y uno más en Motín del Oro.

Los crímenes ya tenían como antecedente el múltiple homicidio en contra de los indígenas Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, quienes fueron emboscados cuando se encontraban en un puesto de seguridad comunal en Santa María Ostula, el 12 de enero de este mismo año.

Legalidad de las kuarichas

Las también llamadas Kuarichas o guardias comunitarias fueron reconocidas legalmente con la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que se aprobó en julio del año pasado. Con ello, no solo se brinda certeza jurídica, sino que se otorga presupuesto económico y toda una ruta para su certificación. Actualmente son 18 las rondas comunales que ya son reconocidas por el gobierno estatal y su financiamiento se hará por medio del Programa de Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz). El año pasado se invirtieron 11 millones y medio de pesos en Comachuén, Santa Cruz Tanaco, Tarecuato, Santa María Sevina, Turícuaro, Jarácuaro, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, La Cantera, San Ángel Zurumucapio, Cherán Atzicuirín, San Francisco Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Angahuan, Janitzio, San Juan Carapan, Crescencio Morales y Donaciano Ojeda.

Para el ejercicio 2023, serán 15 millones de pesos los que se van a ejercer en el mismo programa. El gobierno informó que en la actualidad hay 133 elementos de nueve comunidades certificados que ya pasaron por el C3 (examen de control y confianza) y que continuarán con su curso inicial de capacitación policial. El objetivo es tener el Certificado Único de Policías (CUP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las autodefensas a las rondas comunitarias

José Eduardo Zárate recuerda que la constante violencia en Ostula dio pie a la fundación de autodefensas en 2009 con el propósito de recuperar tierras que les fueron arrebatadas por bandas delincuenciales en asociación con terratenientes. Uno de los líderes más visibles del movimiento fue Semí Verdía, quien sin embargo sería calificado de “traidor” en marzo de 2019, luego de haber sido encarcelado por 18 meses.

“Al parecer, después de salir de prisión se alió con el gobierno del estado encabezado por el perredista Silvano Aureoles. Lo que para algunos resultó una verdadera traición, visto en términos de la dinámica de estos movimientos, era bastante predecible. Habría que preguntarnos si el caso de Cherán y las policías comunitarias actuales representa una auténtica excepción y escapará de este círculo de avances y rupturas”, se pregunta el investigador del Colmich, quien agrega: “Ninguno de estos movimientos armados fue totalmente defensivo; en el sentido estricto también eran proactivos, ya que el tomar tierras, desalojar propietarios particulares o recuperar territorio, implicaba llevar un arma oculta para defenderse”.

En todos estos procesos, apunta el profesor del Colegio de Michoacán, “han aparecido conflictos intracomunitarios y entre comunidades, en todos ellos la presencia de grupos armados ha sido constante, lo que ha variado ha sido la definición del enemigo de la comunidad”.

En entrevista, señala que el simple hecho de crear gobiernos indígenas no es una solución, pues las razones para llegar a ese tipo de organización son heterogéneas. “Algunos buscan erradicar la violencia, otros por el abandono de los ayuntamientos e incluso porque no tienen representación”.

Acepta que con usos y costumbres sí se llega a mejores resultados, pero no es en automático, sino con un proceso que incluya capacitación y certificación.

A una conclusión similar llega su colega Salvador Maldonado Aranda, doctor en Antropología por la UAM, quien en un amplio análisis sobre las policías comunitarias en el estado afirma que de 2006 al presente, “la situación de inseguridad estatal ha sido una constante. A pesar de que los grupos civiles armados lograron, en alianza con otros actores, desarticular a uno de los más poderosos grupos del crimen organizado (Los Caballeros Templarios) y presionar para que el gobierno pusiera atención en la seguridad y la justicia, las condiciones de violencia en forma de incidencia delictiva siguen causando grandes desafíos en torno al Estado de derecho”.

Comunidades se organizan mejor

Antonio Arreola Jiménez, integrante del Consejo Indígena de Nahuatzen que estuvo preso por el delito de sabotaje, del que a la postre sería absuelto, subraya en entrevista que está demostrada la efectividad de las rondas comunitarias, pues al ser integradas por personas de las mismas localidades se evita la corrupción y la infiltración de grupos delincuenciales. Además, señala que bajo la figura de los autogobiernos se pueden ofrecer salarios más competitivos en comparación con los policías municipales, quienes, al menos en el caso de esa región, “solo se han dedicado a extorsionar a la población”.

Él mismo fue el coordinador de la ronda comunal en 2015, año en que fueron reconocidos como la segunda población más segura del país, gracias al despliegue de 100 elementos y otros 80 para la vigilancia de los bosques.

La propuesta de Ramírez Bedolla la toma con reservas, pues coincide en que no basta con la sola figura de los gobiernos autónomos, sino de una capacitación a largo plazo. “Y no olvidemos que son políticos, hacen cualquier cosa para ganar los votos, para endulzar los oídos”.

En el estudio de diagnóstico titulado Investigación criminológica de la violencia y la delincuencia en Michoacán, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), se confirma que Aquila es uno de los municipios indígenas con mayores tasas de homicidio doloso, registrando 64.8 casos por cada 100 mil habitantes en 2021. Se suman Chilchota, con 59.2, y Tangamandapio, que en ese año se disparó a 217.6.

El resto de poblaciones originarias tienen índices menores e incluso en casos como Charapan, Nahuatzen y Cherán es de cero, mientras que en Quiroga, Coeneo y Paracho no pasa del 15.

De manera general, el diagnóstico indica sólo en algunos municipios ha sido posible desarrollar un proceso de pacificación a partir de un consenso amplio de la población, con ejemplos puntuales como Tancítaro y Cherán. “En el resto del estado, prevalecen conflictos subyacentes que no han sido resueltos y que a menudo se describen como una tensa calma. Estos conflictos generalmente involucran a actores políticos, a grupos criminales, y a sectores amplios al interior de una región, municipio o localidad”.