Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, buscará una reunión con las Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública del Congreso local para dejar claro el porqué el organismo a su cargo no debe perder la autonomía que obtuvo a finales de 2019, como lo propone el Ejecutivo en el presupuesto del 2022.
Al no estar contemplada la ASM como una Unidad Programática Presupuestal (UPP) en el Paquete Fiscal del próximo año, Aguirre Avellaneda ya plantea solicitar una comparecencia ante los legisladores locales, pues la medida equivale a un retroceso respecto al crecimiento fiscalizador que desde hace dos años lleva a cabo el ente auditor.
“Pediré una comparecencia con las Comisiones Unidas vía la presidencia del Congreso, porque si los legisladores autorizaron mediante un decreto el gasto de la UPP y el Ejecutivo lo manda en sentido contrario, quiere decir que no hay consensos de lo que requiere el estado”.
El querer eliminar la autonomía de la Auditoría, dijo, va en contra de la transparencia y rendición de cuentas, pero, además, contraviene lo que mandata el Sistema Nacional Anticorrupción (SEA).
“Espero que no haya oído sordos ante esta parte y sí me gustaría tener un acercamiento con los diputados para explicar los motivos, las situaciones y los avances que ha tenido la Auditoría durante estos dos años que he estado en la gestión. Quitarle la autonomía sería totalmente un retroceso”, reiteró.
Aguirre Avellaneda explicó que antes de ser autónomo, las auditorías rondaban entre las 120 y 130 revisiones. Posteriormente, al ejercer su propio presupuesto, el primer programa de la ASM refleja el trabajo en 224 auditorías, alcanzando hasta 236 y actualmente se tiene un avance de 268 evaluaciones.
En este tiempo se crearon las unidades de investigación y substanciación, que si bien es cierto debieron crearse en 2017, tocó a su administración crearlas, detalló, por lo que las unidades apenas tienen dos años de funcionamiento, debiendo tener al menos cuatro años, pero eso no sucedió hasta que la Auditoría dejó de depender económicamente del Congreso.
Al respecto, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, opinó que la decisión de quitarle o no la autonomía presupuestal a la ASM la tiene el Congreso, no el Ejecutivo, quien propone retraerla, por lo que ya se verá si los diputados tienen la responsabilidad de fortalecerla o la quieren atropellar. Sostuvo que cuando el presupuesto de 240 millones de pesos estuvo a cargo de los legisladores, a la ASM “realmente les llegaba 120 o 130 millones. Por eso el órgano auditor mucho tiempo no pudo crecer y estaba muy lastimado”.
La obligación de los congresistas, explic es fortalecer a los organismos que observan y fiscalizan las cuentas públicas, “no lacerarlos o bocabajearlos”, destacó, por lo que desde su presidencia empujará el tema para formar la UPP que el Ejecutivo no contempló para la Auditoría.
Aguirre Chávez recordó que la ASM depende del Congreso del Estado, pero no para el tema económico ni para controlar su presupuesto, sino para darle seguimiento a los recursos que ejerce como cualquier otra institución. En este caso, quien observa a la Auditoría es la Unidad de Control y Evaluación del Congreso.
“No debe ser un cheque en blanco, pero yo creo que si permitimos que se atropelle la autonomía, entonces es que los diputados queremos una auditoría a modo”.
Finalmente, en opinión del diputado del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, aliado de Morena y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la ASM “no es funcional, cuesta mucho y no tiene resultados”, ya que desde su óptica, año con año hay desfalcos en los ayuntamiento y no hay responsables, por lo que debe de rediseñarse el funcionamiento del organismo.