Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La serie de violaciones a principios constitucionales de las que se le acusa al auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, podría tipificarse como causa penal y no solo como una falta administrativa, toda vez que recién se cambió el tipo penal de extorsión, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Sobre si habría una acción penal en contra del funcionario, el mandatario contestó que hay una serie de señalamientos por parte de presidentes municipales y que con el cambio del tipo penal de extorsión, no se excluye que se pueda tipificar de esa forma.
Algunos de los actos que se están investigando y se han puesto sobre la mesa, pueden en un momento dado tipificarse, no solo como una falta administrativa, sino causa penal.
En entrevista con medios de comunicación, agregó que será el Congreso quien se encargue del trámite del juicio político. En caso de la destitución del auditor, el Poder Legislativo estaría emitiendo la convocatoria para el nuevo cargo; en ese sentido, el gobernador descartó que haya propuestas desde el Ejecutivo.
El pasado 22 de mayo, la Secretaría de Contraloría de Michoacán solicitó un juicio político en contra de Aguirre Abellaneda por enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. De acuerdo a la solicitud presentada ante el Congreso, el auditor benefició presuntamente a familiares y amigos con contratos de obra y adquisiciones por más de 258 millones de pesos.
