Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En cuanto se publique el decreto de la Cuenta Pública estatal 2018, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se dará a la tarea de revisar los aspectos legales y de temporalidad para subsanar las deficiencias que pudieron haberse dado de forma y de fondo.
Así lo señaló el titular del órgano de fiscalización estatal, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, en entrevista virtual en la que dijo también desconocer al momento cómo quedó el decreto que el martes discutieron y aprobaron los diputados locales.
“Desconozco cómo haya salido totalmente el decreto, porque no ha sido publicado, creo que va a ser publicado la próxima semana, tendremos que ver aspectos legales de tiempos y cómo vamos a actuar como Auditoría, para ver las deficiencias”, expresó.
Resaltó que no obstante a él no le tocó el proceso total de la auditoría al Ejercicio Fiscal 2018, si la firmó y reconoció que se encuentran en curso los procesos legales correspondientes, “algunas se están notificando, algunas ya tienen informes individuales, algunas otras vamos a empezar las notificaciones respectivas”, dijo.
Por otra parte, Aguirre Abellaneda dio a conocer que presentó ocho denuncias penales ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, tres en contra de personal que no demostró contar con título profesional y cinco contra elementos que se ostentaron con cédulas falsas, todos de la misma ASM.
Asimismo, indicó que el diagnóstico que ha realizado hasta el momento del órgano de fiscalización que encabeza, les arrojó como resultado que pierden el 95 por ciento de las actuaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa o en los juzgados federales, debido a la falta de correcta fundamentación y motivación.
En la entrevista, Aguirre Abellaneda también informó que tenían cinco mil expedientes en rezago, 370 asuntos en juicio que se dejaron prescribir al igual que mil procedimientos de responsabilidad administrativa. Ante ello, remarcó que preparan denuncia general en torno a la entrega-recepción de la Auditoría Superior y de esa manera que se deslinden responsabilidades ante las presuntas omisiones sucedidas con antelación a su toma de protesta en el cargo.
“Debe haber un responsable sobre quién dejó prescribir, un responsable por la falta de fundamentación y motivación, por la falta de seguimiento”, subrayó.