Morelia, Michoacán (OEM/ Infomex).-El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla rechazó que el delito de extorsión haya crecido en Michoacán y aclaró que el radical incremento que ha registrado este delito se debe a que ahora se persigue de oficio y se investiga a través de medios abiertos.

Lo que estamos haciendo es reconocer la realidad, investigar y castigar ese delito, afirmó durante su tradicional rueda de prensa de los miércoles.

El mandatario estatal explicó que a partir de las reformas al Código Penal, autoridades en el estado pueden iniciar carpetas de investigación a partir de publicaciones en medios de comunicación o redes sociales a diferencia de antes, cuando se requería de una denuncia penal.

Por ello, mencionó, que en junio del 2022 se tenían tres o cuatro denuncias por extorsión y junio del 2023 se cerró con arriba de 30 carpetas de investigación.

No creció la extorsión en Michoacán en un 900 por ciento, creció la investigación de la extorsión en un 900 por ciento, subrayó.

Agregó que la extorsión era el delito que tenía la cifra negra más grande pues aunque existía y era un hecho a ojos vistos, prácticamente nadie la denunciaba.

Sin embargo, a partir de que se empezó a aplicar el nuevo tipo penal esto cambió pues las autoridades pueden investigarla sin que se presenten denuncias por parte de los afectados. Reconoció que actualmente se tienen detectadas redes de extorsionadores en municipios como Buenavista, Hidalgo, Apatzingán y Cuitzeo.

En este último municipio, el pasado martes se llevó a cabo un operativo en el que fueron detenidos tres hombres y una mujer que operaban como administradores de una nave comercial llamada “Texti Cuitzeo”.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer en un comunicado que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), este día con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), realizó dos acciones operativas para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de las cuatro personas.

De acuerdo a constancias de la Carpeta de Investigación, a partir del 1 de noviembre de 2022, un grupo de personas que se instalaron en la plaza comercial ubicada en el kilómetro 45.3 de la carretera Morelia – Salamanca, empezó a exigir a los locatarios el pago de “cuotas” para conservar sus negocios, espacios de estacionamiento y otros servicios que ya se encontraban contemplados en los contratos de arrendamientos.

Asimismo, los investigados, quienes formaban parte de la administración de la plaza, presuntamente amenazaron a las víctimas con hacerles daño, si no cubrían sus exigencias, además de atentar contra su actividad económica y comercial.