Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Después de cinco años de la irrupción de miembros de las fuerzas armadas en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en donde cinco personas fueron asesinadas en enfrentamientos armados, el gobierno de Michoacán inició con la reparación del daño en contra de los agraviados.
La titular de la subsubsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Elvia Higuera Pérez, informó que, con base en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el año 2020, la actual administración estatal comenzó con la reparación del año por medio de la construcción de cuatro obras de infraestructura y un diagnóstico psicosocial a los afectados por el hecho.
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En entrevista, precisó que por medio de diversas mesas de negociación se llegó al acuerdo de iniciar con la construcción de una cancha deportiva en la comunidad, además de la evaluación para la realización de otras tres obras de infraestructura entre las que destacó la edificación de una biblioteca para niños. Sin embargo, desconoció un monto total de la inversión, debido a que refirió que aún se continúa en el consenso con la asamblea de representación de la comunidad para determinar las demás construcciones.
Apuntó que la realización de obras de infraestructura forma parte de las recomendaciones emitidas por la CNDH, en tanto al aspecto de la reparación colectiva del daño, pero puntualizó que para la reparación de manera personal a las más de 800 víctimas directas e indirectas del conflicto armado se llevarán a cabo diagnósticos personales, en aras de delimitar los alcances del daño.
La funcionaria estatal aseguró que especialistas en antropología, psicología e historia en el ámbito social serán los encargados del levantamiento de encuestas a las víctimas, proceso que comenzará a partir del próximo mes de julio, con la expectativa de culminar en el mes de febrero del año 2023.
Especificó que en cada uno de los casos que sean analizados se realizará la reparación del daño desde un contexto social, hasta un tema de remuneración económica y patrimonial, debido a que existen casos en que la viviendas de los afectados fueron dañadas en la irrupción de las fuerzas armadas en la comunidad.
Agregó que de manera integral, previo al diagnóstico que arrojen los estudios particulares, la Secretaría de Salud de Michoacán realiza la entrega periódica de medicamentos a quienes resultaron víctimas del enfrentamiento armado que necesitan atención medica recurrente.
Higuera Pérez reconoció que no se puede considerar un avance sustancial en la reparación del daño en favor de la comunidad, pues resaltó que este es un inicio en el pago de la deuda que se tiene con la comunidad que fue víctima de violaciones derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020 al entonces gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y al titular de la FGE, Adrián López Solís, por violaciones graves ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017, en los que se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua.
En dicha recomendación se acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas, un adolescente y tres comieron, el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo ocho policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.
