Luego del asesinato de la activista Zenaida Pulido Lombera el pasado viernes por la noche, tras interponer una denuncia por amenazas, la organización Familiares Caminando por Justicia emitió un comunicado para exigir a autoridades locales y nacionales el esclarecimiento del caso, así como protección para los familiares de la activista que permanecen en Pichilinguillo y temen por sus vidas.
En un documento denominado Acción Urgente que circula en redes sociales, y el cual ya cuenta con el respaldo de al menos 53 organizaciones y particulares, también pidieron medidas preventivas para los familiares de desaparecidos pues consideran que el acto pone en riesgo a quienes están buscando a sus familiares.
Zenaida Pulido coordinó la Región Costa de la Quinta Caravana Internacional “Buscando Encontraremos”. En esa zona se localizó una fosa, en el municipio de Aquila, la cual contenía 43 restos óseos, proyectiles, casquillos, un machete, entre otros artículos personales de vestimentas.
La activista fue asesinada el viernes pasado en la Carretera Federal 200 en el tramo que va de Huahua a Pichilinguillo, municipio de Aquila, y según registra el posicionamiento de Caminando por Justicia, ocurrió luego de que la Pulido Lombera denunciara amenazas en su contra.
Zenaida Pulido llegó al activismo luego de la desaparición de un familiar y participó como coordinadora de la Región Costa en la Quinta Caravana “Buscando Encontraremos”, que se llevó a cabo entre abril y mayo del presente año, misma que dejó evidencia de 40 nuevos casos de desaparición forzada en Michoacán.
Autoridades olvidan a las víctimas
Por medio de la misiva, Familiares Caminando por Justicia, lamentaron que el Estado Mexicano incumpla los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado, toda vez que el asesinato evidencia que no sólo no se ha garantizado el derecho a la seguridad de las personas, también muestra que se olvida de la vulnerabilidad de las víctimas que quedan expuestas ante sus agresores.
“Su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no sólo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas, seguido de las revictimizaciones y violaciones a derechos humanos a que son sometidos por los servidores públicos cuando exigen conocer el paradero de los suyos mediante investigaciones serias lo que refleja el debilitamiento del Estado de derecho en México”, señala el documento.
