Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La huelga a puertas abiertas en el Poder Judicial de Michoacán no tiene una ruta clara de conclusión, por lo que las partes en conflicto mantienen firmes sus propuestas: por un lado, la exigencia de un aumento salarial del 10 por ciento, y en contraparte, la oferta de que sea tan solo del 3.5 por ciento al salario, un monto similar en compensaciones y 1.5 por ciento para prestaciones.
La mañana del miércoles, abogados litigantes e integrantes de distintas asociaciones acudieron al edificio sede ubicado en la calzada La Huerta para mostrar su solidaridad con los trabajadores y conminar a la parte patronal a que los escuche, buscando destrabar el conflicto que perjudica a miles de michoacanos que realizan trámites y esperan juicios de distintas índoles.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado (SUTASPJEM), Julie Mariela Álvarez Guzmán, reiteró en entrevista que la huelga se mantiene porque la base de empleados no está en las condiciones para aceptar la misma oferta de aumento que en los más recientes años, que es del 3.5 por ciento. “La parte patronal nos pide solidaridad y empatía, pero esa propuesta en los hechos se refleja en cantidades tan pobres como 200 o 300 pesos a la quincena, algo que no alcanza a cubrir las necesidades más básicas”.
Por su parte, Ciro Jaime Cienfuegos, presidente de la Asociación de Abogados Liberales y Democráticos de Michoacán, apuntó que su postura es meramente solidaria, cívica y moral para que las partes se acerquen y no dejen de negociar. “No podemos seguir entre plantones, pandemia y huelgas, porque los asuntos se dilatan y la gente se desespera pues su trámite no avanza”.
En un encuentro al interior del edificio, los trabajadores acordaron tener una reunión el día de hoy por la tarde con el magistrado presidente, Jorge Reséndiz García, a fin de que gestione las demandas y acompañe a la lucha sindical.
No ofrecen más
El Consejo del Poder Judicial de Michoacán emitió un comunicado en el que establece que su propuesta a la parte trabajadora es en las cantidades ya descritas, pero subrayan que el incremento salarial debe ser proporcional al ingreso individual, además de que fue así como se demandó en el emplazamiento.
Argumentan que el aumento para cada empleado es un derecho irrenunciable, pero que el Pleno del Consejo “no puede atender la propuesta realizada en declaraciones en medios de comunicación, es decir, fuera de lo establecido formalmente en el emplazamiento”. Por ello, hacen una propuesta adicional que consiste en otorgar bases; gozar de beneficios sindicales, aunque haya cambio de categorías; declarar el 1 de noviembre como día inhábil; otorgar un incremento al capítulo de prestaciones sociales y el pago de salario y demás prestaciones de los días en que no se han presentado a laborar.
Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de la base sindicalizada, por lo que la huelga queda en manos del Poder Judicial de la Federación, a través de los diversos juicios de amparo interpuestos, o en su caso, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
