Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Han pasado dos años del feminicidio de Jessica González Villaseñor, la joven maestra cuyo cuerpo apareció el 25 de septiembre de 2020 en un predio al sur de Morelia. Por dicho delito permanece en prisión preventiva, pero aún sin fallo ni sentencia, Diego Urik, quien era su pareja sentimental.
El caso que causó tanto impacto mediático como el de la joven Debanhi Escobar en Monterrey ha pasado por varias etapas, desde la detención del acusado en Jalisco hasta los constantes cambios de su cuerpo de abogados defensores, sin olvidar las manifestaciones multitudinarias encabezadas por colectivas feministas que exigen se aplique la máxima condena por el delito de feminicidio.
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Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales fueron el vehículo de comunicación donde se conoció que Jessica estaba desaparecida. El 21 de septiembre, tras varias horas sin que se reportara con sus familiares, se pidió ayuda para localizarla sobre todo en Facebook, donde ya circulaban algunas de sus fotografías.
Un día después la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que buscaban a la joven de 21 años, quien estaba por comenzar su carrera como maestra en una escuela primaria de Salvatierra, Guanajuato.
El caso llamó la atención de miles de usuarios digitales y de medios de comunicación estatales y nacionales, y no fue hasta el 25 de septiembre que tras una intensa búsqueda la FGE informó en sus cuentas oficiales que habían encontrado el cuerpo en un camino rústico en la zona de Altozano, a 500 metros de una barda perimetral del fraccionamiento Bosque Monarca.
La noticia conmocionó a gran parte de los morelianos, por lo que colectivos feministas organizaron una marcha multitudinaria en la avenida Madero para exigir justicia. El llamado congregó a miles de personas, sobre todo mujeres, como quizá nunca antes había ocurrido en la capital del estado.
Diego, el principal sospechoso
Para entonces, comenzó a circular el nombre y fotografías del principal sospechoso: Diego Urik N., pues de acuerdo con amigos de Jessica, habían salido juntos el día de su desaparición.
Fue el 28 de septiembre cuando el propio fiscal Adrián López Solís dio a conocer la orden de localización y aprehensión en contra del joven que apenas había cumplido 18 años, solicitud a la que se sumaba el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien además exigía aplicar la pena máxima por feminicidio: 50 años de prisión.
La presión social se dejó sentir de forma unánime, en redes y en las calles había un clamor para que se encontrara al presunto culpable, tanto así que la Fiscalía ofreció un millón de pesos como recompensa a quien diera pistas certeras sobre el paradero de Diego y la oficina de Migración levantó una alerta para impedir que saliera del país.
El 30 de septiembre, Adrián López Solís utilizó su cuenta personal de Twitter para informar que habían detenido al sospechoso en un hotel localizado en el municipio de Cihuatlán, en el estado de Jalisco, a las 16:30 horas.
No fue necesario utilizar el monto de la recompensa, ya que las propias autoridades dieron con el lugar. Metido en el caso, Silvano Aureoles secundó la noticia también en su red social: “Acabamos de dar el primer paso para que se haga justicia en el lamentable feminicidio de Jessica González, con la detención del presunto responsable”, escribió.
Un día después, la FGE obtuvo la vinculación a proceso, por lo que un juez fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. En esa primera audiencia, agentes del Ministerio Público indicaron que, de acuerdo a los primeros indicios y testimonios, Urik recogió a Jessica cerca de su domicilio para posteriormente trasladarla a un predio en el que la violó para después asesinarla, al parecer con un fuerte golpe en la cabeza.
Para entonces la FGE ya contaba con la declaración de dos testigos clave: Diego Sáyago y Jair, quienes presenciaron cómo su amigo cargaba el cuerpo de una mujer en hombros para llevarlo bosque adentro y posteriormente amenazarlos con no revelar nada.
Con esos primeros elementos, comenzaría un largo proceso que derivó en un juicio oral que, sin embargo, en algún momento se quiso llevar a juicio abreviado, es decir, que el imputado aceptara su responsabilidad a cambio de una sentencia mínima y una reparación del daño, pero los familiares de Jessica se opusieron.
El primer testimonio sobre los detalles del feminicidio los aportó un perito que compareció de forma anticipada el 10 de agosto de 2021. Reveló que fueron 31 golpes los encontrados en cabeza, cara, nariz, ojos, labios, cuello, brazos, tórax, muslos y piernas de la víctima, además de huellas de violación sexual.
A Jessica la habían encontrado semidesnuda, tan solo con un suéter café, un brasier negro y un reloj de manecillas: “El trato cruel es un conjunto de actos reiterados con los que se busca quebrantar a una persona; entre más intenso el daño, el trato es más cruel”, dijo el experto forense.
Larga pausa
El tiempo para que comenzara el llamado desfile probatorio se extendió más allá de lo esperado. Los abogados defensores encontraron la vía para interponer amparos una y otra vez, situación que desgastó a la familia cuya lucha ha sido encabezada por la madre de Jessica, Verónica Villaseñor Ferreyra, quien el 21 de febrero de 2022, ya con año y cinco meses transcurridos, se manifestó afuera de las instalaciones del Poder Judicial para reclamar que arrancara el juicio oral, pues la segunda etapa de audiencia intermedia estaba en pausa por un recurso de revisión solicitado por la defensa.
El 1 de marzo, la magistrada Laura Elena Alanís García encabezó una audiencia donde Diego Urik argumentó que uno de sus primeros abogados lo había traicionado, proporcionando información a la FGE, además de haberle sacado sangre supuestamente como medida de salud por el Covid-19, pero que en realidad la usó para pruebas en su contra.
También se quejó de un manejo político de su caso, pues actores como el fiscal y el ya exgobernador lo querían utilizar “como trofeo ante la sociedad”, añadiendo que su padre, de nombre Bruno, fue torturado el 30 de septiembre de 2020 y que él mismo era víctima de malos tratos en el penal de Mil Cumbres. Pese a ello, Alanís ordenó que comenzara el juicio oral y se eligió a Ariel Montoya Romero como el juez a cargo.
Arrancan testimonios
Tras la ardua batalla legal, el 13 de junio comenzaron las comparecencias que de acuerdo a la Fiscalía serían más de 100, con lo que ya se preveía otro periodo largo, pues en cada una solo hay tiempo para escuchar a máximo cuatro personas.
Hasta el cierre de esta edición han comparecido menos de 20, entre peritos que acudieron a la escena del crimen, familiares de víctima e imputado, así como testigos presenciales.
En esta etapa se conocieron a detalle las experiencias de Diego Sáyago y Jair, dos de los mejores amigos de Urik, quienes ratificaron lo declarado ante la Fiscalía en 2020, pues vieron el cadáver de una mujer metido en la cajuela de un auto y luego observaron que su compañero lo cargó, lo tiró metros más adelante y regresó para que enseguida los tres acudieran a un casino, donde el imputado apostó 200 pesos que sacó del monedero de Jessica.
En las audiencias programadas una vez a la semana se han sumado 10 abogados para defender a Diego, quienes han utilizado como principal arma la deficiente preparación de peritos de la FGE, que a menudo exhiben su poco conocimiento en tareas básicas de investigación, además de que algunos no están acreditados como lo marca la ley.
El Ministerio Público ha probado con exámenes periciales, cámaras de video y testigos oculares la probable responsabilidad del imputado, de quien encontraron prendas de vestir con rastros de sangre y cabellos de la víctima.
En tanto, la defensa ya recibió amonestaciones y multas por increpar las decisiones del juez y ausentarse de las citas, alegando enfermedad, pese al robusto número de abogados que la conforman.
