Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La ministración de recursos federales para Michoacán está en riesgo al establecerse en la Ley de Ingresos una inflación de 3.4 por ciento, cuando actualmente es de 7.34 por ciento.
Para el ejercicio fiscal del año 2022, se estima obtener ingresos por un monto de 81 mil 546 millones 87 mil 927 pesos, de los cuales el 92.9 por ciento son de origen federal, pero prevalece el riesgo de que no sean ministrados en su totalidad por un cálculo erróneo en la inflación.
En la aprobación que los diputados hicieron el pasado 24 de diciembre, se establece que si la inflación es más elevada al 3.4 por ciento, el recurso para el estado no llegará como se prevé, al ser 92.9 por ciento los de origen federal, según el documento aprobado.
En la actualidad, la inflación ha superado ese 3.4, pasando de 6.2 por ciento desde octubre de este año hasta un 7.2 en noviembre, mismo que prevalece.
Si bien el gobierno del estado viene arrastrando un déficit presupuestal de 6 mil 954 millones 997 mil 543.00 pesos, ya se trabaja en una reingeniería para reducir al aparato burocrático de la administración pública, al realizarse un ajuste a la baja en los presupuestos de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) a las entidades del sector central que se traducirán en un ahorro de 311 millones 631 mil 195 pesos en el gasto corriente.
Mientras que para las entidades descentralizadas el ajuste fue de un 20 por ciento equivalente a 59 millones 387 mil 612 pesos, con lo que se obtiene un ajuste total de estos capítulos de 371 millones 18 mil 807 pesos.
En el capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) se realiza un ahorro de 34 millones 991 mil 22 pesos, esto al contemplar “mayor eficiencia y transparencia”. Según las proyecciones, significa un ahorro total en estos capítulos de 406 millones 12 mil 829 pesos.
Los contratos eventuales del personal de las Unidades Programáticas Presupuestales (UPP) contempla una reducción del 30 por ciento, lo que significa un ahorro de 120 millones de pesos aproximadamente, con la finalidad de sanear las finanzas públicas en materia contractual.
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