Morelia, Michoacán.- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, aseguró que son pocas las denuncias que han recibido por amenazas a defensores de bosques del estado.
En entrevista con medios de comunicación, el titular de la dependencia refirió que algunas de éstas se han presentado en la región de la meseta purépecha y los municipios de Aquila y Coahuayana. Sin embargo, no brindó más información al respecto, y añadió que aparte de algunas amenazas no hay reportes de que haya ocurrido algo más grave.
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Al preguntarle sobre el protocolo de seguridad para defensores de bosques, que anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla el año pasado, el secretario acotó que sí se amplió y que no han recibido denuncias formales pero sí han tenido atenciones. Por ejemplo, en Piedras Gordas, en el municipio de Madero, donde un grupo de habitantes de la parte baja de la cuenca subieron a romper ollas de aguacate.
Agregó que con el sistema satelital del Guardián Forestal, pretenden detectar los casos de deforestación o captación de agua de forma ilegal, y que este mismo genere las denuncias, y no sean funcionarios o ambientalistas los que las presenten.
El 11 de mayo de 2023, el gobernador anunció la ampliación del protocolo de seguridad para los defensores de bosques, sin embargo, un mes después de su anuncio, el secretario refirió que todavía estaba en análisis la reunión que tendrían con ambientalistas para dialogar sobre el tema.
En entrevista con el Sol de Morelia, Julio Santoyo Guerrero, del Consejo Promotor del Área Natural de la Zona de Villa Madero, aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento preciso de dicho protocolo del gobierno estatal, además que los ambientalistas de Madero que han estado en riesgo recurrieron la sistema de protección del gobierno federal.
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"Los riesgos para la seguridad de los defensores del derecho ambiental en el territorio sigue activo. La presencia territorial del crimen organizado suele aparecer vinculado con las actividades económicas que ocasionan daños ambientales como el cambio de uso de suelo, la tala ilegal y el acopio ilegal del agua", acotó Santoyo.
Por último, refirió que en esos casos por lo que optan son repliegues tácticos, ya que consideró que los sistemas de protección son insuficientes y por ende, el Estado debe considerar dicha realidad si piensa poner en práctica dicho protocolo.