Morelia, Michoacán.- Las huertas para el cultivo de aguacate y berries, las construcciones inmobiliarias, la extracción de material pétreo y las obras de infraestructura como carreteras son los problemas que enfrentan los sitios arqueológicos con los que cuenta Michoacán, y que ha causado daño al patrimonio cultural e histórico que se localiza en el estado, del cual no existe una regulación para su conservación.
En el territorio michoacano se tiene un registro de dos mil 219 sitios arqueológicos, entre las que se encuentran las Zonas Arqueológicas de San Felipe de los Alzati, en Zitácuaro; La Nopalera, en Huandacareo; Tres Cerritos, en Cuitzeo; así como las de Tzintzuntzan, Ihuatzio y Tingambato, sin embargo, están bajo la amenaza del sector agrícola e inmobiliario que ha comenzado a ganar terreno en la entidad.
El director en Michoacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Marco Antonio Rodríguez Espinosa, con el tiempo, se ha detectado la intromisión de personas que buscan apropiarse de las hectáreas donde se localizan los vestigios como es el caso de Tingambato, en donde ya pueden encontrarse cultivos del llamado oro verde; incluso una olla de agua.
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“En una de las pirámides más importantes de esta zona arqueológica, está justamente ubicada una huerta de aguacate y, unos metros más al fondo, una olla de agua que parece una gran alberca. No dudamos en que al haberla construido, la destrucción del sitio ha sido considerable”, explicó el funcionario.
Esta degradación, que también provoca estragos en el medio ambiente, se ha detectado en otras regiones donde hay vestigios como en Malpaís, de Tacámbaro; Tipitarillo y Urapa, en Ario de Rosales; y Tsïmbanio, en Cuanajo, en las que ya se tienen datos de la destrucción de yácatas y de bosques para los plantíos de frutos o, incluso, utilizando el material para delimitar su terreno o la colocación de cuencas artificiales de captación de agua.
“Hemos identificado destrucciones completas de montículos para la instalación de huertas de aguacate e invernaderos para berries que utilizan el material pétreo de las estructuras para construir ollas de agua, hacer terraceos y actividades de infraestructura en beneficio de las actividades agrícolas”, como el caso de Agua Zarca, en Hidalgo.
También El Palacio, en Zacapu, ha perdido cerca de cuatro por lo menos cuatro hectáreas para la construcción de un fraccionamiento y un centro comercial que se pretende instalar en la zona; lo cual ha sido denunciado por los comuneros que conforman el Grupo Indígena Legítimo al Rescate de la Cuna del Imperio Purépecha; quien también señaló el robo de piezas arqueológicas por personas ajenas a la comunidad.
Recientemente, tras la sequía que experimentó el Lago de Pátzcuaro, se detectaron utensilios arquitectónicos en la localidad de Jarácuaro de la gente que habitó este lugar, lo cual fue aprovechado por particulares que se trasladaron al lugar para extraer otras piezas sin que se conozca el número de saqueos, según lo anunciado por el Consejo Comunal.
Estos hurtos de artefactos prehispánicos ha sucedido de igual manera en El Pedregal, en Contepec; y en la cuenca del Lago de Cuitzeo en donde los entierros de personas de ese tiempo fueron profanados para extraer los huesos y los vestigios con los que se sepultaba a los antiguos pobladores de Michoacán. En Tzintzuntzan, se tiene conocimiento de al menos un fraccionamiento que busca operar en la zona.
“Hay un impacto por el cambio en el uso del suelo para el desarrollo inmobiliario por los fraccionamientos que se han instalado en las antiguas ciudades como en Tzintzuntzan, hace poco recibimos una denuncia de que había justamente un asentamiento humano muy cerca de las yácatas”, externó el responsable del INAH.
De acuerdo a Rodríguez Espinosa, el acervo material de sitios arqueológicos podría ser de hasta seis mil, pero la construcción de carreteras y el crecimiento de la mancha urbana en los municipios han dado paso a que sea difícil su ubicación por todas las obras de infraestructura, por ejemplo, las ruinas que se presumen están en la tenencia de Santa María de Guido, misma que fue absorbida por la ciudad de Morelia.
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“El crecimiento en Morelia, en Tarímbaro y en otras zonas metropolitanas del estado han sido una característica importante para las afectaciones al patrimonio biocultural. Podríamos alcanzar cerca de los seis mil sitios pero coinciden con las carreteras principales y con algunos centros de población importantes”, manifestó.
Misma situación sucede con los llamados bancos de material, los cuales son excavaciones para extraer roca, grava, arcilla o arena para destinarlos a las construcciones. Sobre esto, refirió que el 90 por ciento de los que están en la entidad, no cuentan con los permisos para operar y están en donde hay vestigios.
Pese a que se tienen ya registradas estas amenazas, el titular precisó que es imposible tomar medidas legales debido a que las constructoras “se cobijan en que son propiedades privadas, en las que nadie entra. Realmente es complicado que podamos frenar este proceso de destrucción.
“Nosotros pensamos que es importante frenar la destrucción de las zonas arqueológicas, de zonas con riqueza biocultural en Michoacán, mediante estrategias consensuadas con distintos actores sociales, es decir, el INAH por sí sólo no tiene la capacidad de fuerza para hacerlo. El patrimonio cultural es de todos y todos tenemos que aportar algo en este sentido”.
