Precariedad, discriminación y abuso de jornaleras y jornaleros en México
El intenso sol apenas los dejaba ver entre la nube de polvo que los envolvía, ella tendría unos seis años y descalza tocaba el banjo sentada en una sillita de madera junto a su pequeño hermano quien con una enorme sonrisa miraba de frente a la cámara fotográfica. Lo confieso, víctima de la curiosidad siempre que llegaba a la casa de mi abuela urgaba entre los luagres un tanto olvidados, un poco oscuros, donde sabía que podía acceder a sus recuerdos y así era, ahí estaban esperándome las viejas imágenes impresas, desgastadas y amarillentas, sumergídas en el rudo pasado de un país que les era ajeno aunque hubiesen nacido en él.
1930 Browsville, Texas, la familia originiraria de Zacapu, Michoacán lleva casi una década recorriendo los caminos del medio oeste norteamericano, son seis personas y se les contrata como jornaleros agrícolas. Caminan entre los surcos donde se cultiva sandía o durazno, por supuesto la pisca del algodón está incluida en las ofertas de trabajo, aunque las manos queden arañadas. Sí, la espalda está adolorida de estar agachados durante horas, de no levantarse a mirar siquiera por encima del cultivo, pero hay que aguantar, esta la única forma de trabajo o por lo menos la única que conocen. Los más jóvenes, tres de ellos niños se suman a la fuerza laboral porque no hay donde dejarles, además las pequeñas manos son delicadas y propias para cortar los frutos sin dañarlos, la recompensa será una manzana después de la jornada. Durante el trayecto al hogar ven caer el sol desde la caja de la camioneta que brinca constantemente por el camino de terracería, el ánimo está dispuesto para la mañana siguiente a pesar del cansacio, a costa de la ausencia de la escuela para los hijos, que por supuesto no es prioridad.
En 1882, la firma de la Ley de Exclusión China en Estados Unidos, condujo al inicio de la inmigración laboral mexicana hacia el país vecino. Paradójicamente este estatuto basado en el racismo que prohibía la inmigració china, su acceso al trabajo y a la adquisición de propiedades, abrió la puerta a una forma de empleo semiforzado para la gente de México, principalmente de la zona centro occidente del país. Así, por ponerle una fecha y una referencia concreta, comienza la histórica etapa del enganche internacional, una fase colmada de arbitrariedades, de abusos y de incumplimietno de promesas de contratos, bajo la modalidad de reclutamiento de mano de obra basada en el préstamo o adelanto a cuenta del trabajo, con lo que se aseguraba la relación laboral de los mexicanos en los campos de cultivo (Durand, 2017)).
Han pasado más de 140 años desde ese entonces y las situaciones que vive la poblacione jornalera tanto en la Unión Americana (en situación indocumentada), como en México no deja de sorprender, aunque hay que decirlo, generalmenete el asombro solo se asoma en nuestro país cuando la tragedia en el campo se vuelve noticia, en esos momentos en que son develados los abusos laborales, las violaciones sistemáticas a las condiciones de trabajo, los delitos sexuales, las muertes o los accidentes en los campos de cultivo o en el trayecto al jornal, ahí donde son encontrados las y los menores víctimas del trabajo infantil.
¿Cómo entender el contexto de vida de las y los jornaleros agrícolas en México? ¿De dónde vienen y por qué emigran internamente?
Las y los jornaleros agrícolas son un grupo históricamente discriminado que en su mayoría no son propietarios de sus tierras. De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México, las personas jornaleras provienen generalmente de municipios identificados con un alto y muy alto índice de marginación, en donde las formas de exclusión influyen en los movimientos migratorios de las comunidades en México. El empobrecimiento de la clase campesina, la demanda de mano de obra, así como la conformación de mercados de trabajo construyen escenarios propicios para la expulsión de las y los trabajadores ante la ausencia de una política pública agrícola adecuada que pudiese fortalecer la economía campesina y el acceso a los derechos humanos en las comunidades de origen.
De acuerdo con Fundar Centro de Análisis e Investigación, en México más de 2 millones de personas trabajan en la producción de alimentos, no obstante, los números ascienden hasta los ocho millones y medio al contabilizar a sus familias, pues las y los trabajadores no viajan solos; se suma el hecho de la dinámica laboral, pues la mayoría se mueven constantememte en busca de trabajo, lo que tiene efectos negativos en la educación de los hijos e hijas al no encontrarse insertos en el sistema educativo tradicional.
Y así de pronto vemos cuadrillas de trabajadores muy lejos de su lugar de origen y escuchamos que se han internando en regiones agrestes y extremas, instalándose en albergues carentes de servicios basicos y bajo condiciones de hacinamiento, buscando tener ingresos durante todo el año, aunque no siuempre sea así. Vale la pena mencionar entonces y ya que el tema lo amerita, que en promedio un jornalero gana entre 140 y 300 pesos diarios, cantidad que durante mucho tiempo solo fue definida por el sector patronal, hasta el 2020 cuando finalmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) fijó la cantidad de 160.19 pesos por jornada, monto que por cierto, provocaría controversias entre el sector empresarial y los grupos de apoyo al comercio justo que abogan por condiciones dignas de trabajo.
¿Qué significa este tema para Michoacán?
La entidad es una de las principales productoras de frutas y hortalizas a nivel nacional, con una superficie de 1.7 millones de hectáreas propicias para el cultivo. De 2013 a 2018, el estado ocupó el primer lugar nacional en valor de la producción al superar en 2018 los 85 mil millones de pesos, el 13.2% del total nacional, además de ubicarse como líder nacional en la producción de aguacate, zarzamora, guayaba, durazno, fresa y limón. Es decir, la actividad en la cadena de producción agrícola y suministro de productos es contante, y por lo tanto, demanda un númeo importante de personas jornaleras.
Algunos estudios realizados en 2022 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con jornaleros agrícolas dedicados al cultivo de fresa en el municipio de Purépero, arrojaron datos que no constrastan con las condiciones generales que se experimentan en otras partes de la república: los trabajadores carecen de seguridad social, los salarios son insuficientes para sus necesidades básicas y además experimentan indiferencia social, según describen; de acuerdo a esta investigación, el perfil socioeconómico de los jornaleros está caracterizado por su elevada pobreza y el alto índice de desplazamiento debido a la carencia de empleo y la precariedad económica que impide que puedan trabajar sus tierras.
Y que decir de las mujeres y hombres cortadores de zarza del Valle de los Reyes que tiene como antecedente de esta actividad a las comunidades de Pamatácuaro y Sicuicho, donde hace más de dos décadas se conformaron las primeras cuadrillas. 120 pesos por día de lunes a domingo era el salario registrado en 2014 por una jornada, que bien podría comenzar desde las 4:00 de la mañana si eres mujer. Para ellos de igual forma, la precariedad laboral es el elemento que prevalece ante la ausencia de seguridad social y de aguinaldo, solo se les da para el transporte, comentan las trabajadoras (Cuevas & Colin, 2022).
¿Cuál es el perfil de esta población?
Según el Censo del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas de 2016, el 81 por ciento de las personas jornaleras agrícolas son hombres y el 19 por ciento son mujeres, apenas el 20 por ciento tienen acceso a seguridad social y según estimaciones de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, su nivel de escolaridad no rebasa los 5.9 años. Asímismo, el 24% son hablantes de lengua indígena, lo que aumenta sus condiciones de vulnerabilidad.
La Ley Federal del Trabajo reconoce a los jornaleros y señala una serie de condiciones que les permitan el desempeño de un trabajo decente, sin embargo, la realidad describe un escenario distinto que si bien parece desalentador hoy se encuentra en las agendas de diversas organizaciones locales e internacionales.
Aunque hay mucho que se queda en el tintero, es necesario decir que la dramatica situación que vive el sector primario no debe pasar desapercibida, ni tampoco debe ser justificada por la falta de programas implementados por gobiernos de distintos niveles que ante la evidente desarticulación institucional normalizan las condiciones de vida de jornaleras y jornaleros. Hay que preguntarse si al abrir la puerta a la inversión extranjera y permitir la instalación de las empresas del sector agrícola, se está cuidando el interés de las y los trabajadores del campo. Hay que cuestionar qué avances hay en el marco normativo estatal y federal que derive en políticas públicas para la atención y bienestar constante y permanente de personas con características de vida tan particulares y que son vitales para que el alimento llegue a nuestros privilegiados hogares.