Tanto por necesidades de la operación de las empresas, como por la dinámica de la economía, se han incrementado los esquemas de subcontratación, denominados de forma genérica “tercerización” o, con un término más globalizado, outsourcing.

El problema es que se abusó de estos esquemas y fueron utilizados con objetivos contrarios al desarrollo de la economía y en perjuicio de los trabajadores, del gobierno y de la sociedad en general.

Puesto que es una práctica recurrente, ver una compañía ser propietaria tanto de la empresa cliente como de la proveedora de servicios; la empresa cliente asigna el contrato directamente a su empresa hermana, contratando actividades similares a las de su negocio; la empresa proveedora no tiene más clientes que la empresa cliente. Mediante este esquema, la compañía ejecuta estrategias fiscales que le permiten disminuir la cantidad de impuestos a pagar al gobierno.

Casos en donde se eluden obligaciones laborales y de seguridad social para con los trabajadores; entre ellas, el reparto de utilidades y en el peor de los casos, se da de baja a los trabajadores antes del pago del aguinaldo y se recontratan con una nueva empresa proveedora, que también resulta ser propiedad de la misma compañía.

Parecería que esto no tiene lógica, porque la subcontratación para actividades similares, obligadamente disminuye el margen de utilidad, a menos que se trate de una simulación sólo para deducir impuestos.

La Nueva propuesta de Ley

El proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo prevé regular este esquema y los principales impactos, de aprobarse tal cual está, en el Congreso de la Unión, serán los siguientes:

Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal.

Queda permitida la prestación de servicios especializados, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria.

Los que recurran a este esquema, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.

Los que presten servicios especializados, requerirán autorización por parte de la STPS, renovarán cada 3 años y quedarán inscritas en un padrón público.

Se permiten las agencias de colocación, pero sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación) y en ningún caso se considerarán como patrones.

Los pagos por concepto de subcontratación, no tendrán efectos fiscales de deducción; las irregularidades implicarán sanciones más severas y se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

La iniciativa contempla cambios a las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, Código Fiscal, del ISR y del IVA.

En mi opinión, no podemos estar en contra de la subcontratación de servicios especializados (outsourcing), dadas las condiciones tan difíciles en que se encuentra la economía de nuestro país, resulta financieramente inviable exigir a las empresas que se abstengan de subcontratar a otras empresas para actividades fuera del ámbito de su capacidad.

El estado debe asumir su responsabilidad y ejercer sus facultades de regulación, pues bien reglamentados, estos servicios pueden fomentar la creación de empleos especializados y bien remunerados, se beneficiaría no solo a los trabajadores, sino también a las empresas que buscan proveer servicios especializados de calidad y fomentaría el desarrollo económico y la competitividad de nuestra economía a niveles internacionales.