Todo parece indicar que la presencia de militares y elementos de la Guardia Civil al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será una constante, al menos durante la actual rectoría de Yarabí Ávila. Las razones, más allá de las simples explicaciones ofrecidas luego del “operativo sorpresa”, siguen siendo un misterio.
Las autoridades nicolaitas han optado por las explicaciones superficiales sobre los verdaderos motivos que tuvieron -tienen- para tomar una decisión de esta magnitud, aunque también hay quienes han preferido la política del avestruz, como el secretario general de la UMSNH, Zoé Infante, que le apuesta al silencio. Sin embargo, la comunidad universitaria requiere una explicación fundamentada sobre esta decisión que ha puesto en riesgo algunos derechos de las y los estudiantes nicolaitas.
La falta de claridad de las autoridades nicolaitas exhibe además la ausencia de reglamentos, programas o protocolos institucionales sobre prevención y seguridad en el entorno universitario como lo tienen otras universidades públicas del país. El vacío que existe sobre el tema de la seguridad interna en la Ley Orgánica y en el Estatuto Universitario genera incertidumbre sobre cuáles son los fundamentos jurídicos y en quién recae la decisión de autorizar el ingreso de soldados del Ejército Mexicano a recintos universitarios para realizar tareas de seguridad, ya sean preventivas o reactivas.
Incluso el gobernador prefirió el silencio ante esta decisión -que involucra también a la Guardia Civil y a su gobierno- que, para goce y disfrute de los opositores a la Cuarta Transformación, muestra une vez más la tendencia militarista en labores de seguridad, ahora universitaria.
Desde hace más de una década, durante el periodo de Salvador Jara Guerrero, se pusieron en marcha una serie de disposiciones orientadas a mejorar la seguridad al interior de los recintos universitarios. Teniendo como base el documento denominado “Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior”, la Michoacana elaboró el Programa Institucional de Seguridad Universitaria que partió de un diagnóstico para luego implementar una serie de acciones tendientes a resolver los problemas de inseguridad.
Desde entonces fueron identificados varios problemas, como: consumo de alcohol al interior de los recintos universitarios, consumo y venta de drogas (aunque sobre este tema se advierte que “no existe información confiable al respecto”), robo de objetos en vehículos o robo de autos, asalto a transeúntes e incluso violaciones. Con esta información se establecieron una serie de medidas de protección y prevención de diversa índole, pero ninguna implicó una medida tan drástica como el ingreso de militares en recintos universitarios.
Desde entonces se llevó a cabo la capacitación de elementos de seguridad, la adquisición y entrenamiento de perros para labores de vigilancia y detección de drogas, la colocación de cámaras de vigilancia, mantenimiento del alumbrado y casetas de vigilancia, así como campañas de información sobre medidas de protección para la comunidad universitaria. Si bien, se tuvo el registro de personas usando drogas, el 80 por ciento eran ajenos a la comunidad.
Por esta razón, ha resultado tan polémica la decisión de realizar operativos con personal militar, sin haber presentado un diagnóstico preciso, un protocolo de atención y sobre todo sin haber tomado en cuenta ni al Consejo Universitario o los sindicatos nicolaitas. Por ello resulta natural que ya haya levantado la voz el SUEUM, que considera una violación a al artículo 8° de la Ley Orgánica, además de representar un “inminente peligro de fondo y forma” para la Universidad.
Y todavía más claros: “Como sindicalistas y trabajadores responsables, no tenemos miedo de la petulante militarización, pero sí nos preocupa que se pretenda olvidar la historia y esta se repita por una desafortunada ocurrencia”.
Es fundamental que el resto de la comunidad universitaria se pronuncie sobre estos operativos porque no es menor que se intente normalizar la presencia de militares al interior de la Universidad Michoacana.
PRI ¿rumbo a la unidad?
Pese a los evidentes conflictos internos que enfrenta el priísmo a nivel nacional y las dudas que generó la llegada de Guillermo Valencia a la dirigencia estatal en Michoacán, poco a poco van reorganizándose con miras a los comicios del 2024. Un paso importante fue la conformación del Consejo Político Estatal sin contratiempos ni fracturas. El tiempo dirá si se trata de una verdadera unidad o producto del control absoluto que tiene Alejandro Moreno del partido que, por lo visto, es intolerante a la oposición…interna.
Especialista en telecomunicaciones.