Para empezar el poder del estado se justifica en garantizar la seguridad de los ciudadanos. En un Estado Democrático si no está garantizada la seguridad de los individuos no hay un Estado de Derecho.

El dilema y la experiencia internacional sobre el uso de las policías auxiliares o privadas como complemento a la actuación de las policías del Estado no es nuevo, no hay evidencia tampoco de sus alcances y logros.

Hay que hacer énfasis que el ámbito de competencia de la policía auxiliar es limitado por lo tanto no es una alternativa como respuesta del Estado a una política pública de la seguridad ciudadana, ya que su servicio es especializado y acotado a la custodia, vigilancia, traslado, guardia y seguridad de las personas, bienes, valores e inmuebles, vigilar y mantener el orden público en eventos masivos, todo lo anterior con un costo monetario.

En Michoacán la policía auxiliar se crea en el 2013 y actualmente cuenta con poco más de 1,700 agentes distribuidos en todo el estado, según información oficial. No hay información pública disponible que confirme si los integrantes de la policía auxiliar cuentan con exámenes de control y confianza.

Uno de los señalamientos en varios estados del país sobre la actuación de las policías auxiliares es la opacidad con la que suelen manejarse, el mismo Gobernador Ramírez Bedolla, en 2019 cuando fue diputado local, solicitó se auditara la policía auxiliar del estado por operar en opacidad, refirió en ese entonces que el gasto anual en nómina de la Policía Auxiliar era de aproximadamente 132 millones 275 mil pesos; con 1 mil 375 elementos, señaló que esa corporación tiene un potencial de ingresos anuales por el orden de los 232 millones 800 mil 480 pesos.

Si bien es importante y requerido el servicio especializado de las policías auxiliares, las autoridades deben comenzar por mostrar sus habilidades, sus sistemas de control y confianza, la transparencia en el manejo de sus ingresos y egresos para generar confianza en el sector empresarial; y que sea el ciudadano o el empresario el que de manera libre tome su decisión de contratar sus servicios o no de acuerdo a sus posibilidades, abra quienes si tengan el recurso para contratar, abra quienes no lo tengan y cargar según el oficialismo con cierto “estigma de que no cumplen con la ley” lo conduce más a suponer la privatización de la seguridad. Todo lo anterior con la independencia de que el Estado debe garantizar la seguridad de todos los sectores de la sociedad.

Para muchos productores del campo (muchos de ellos según la propia autoridad amenazados por el crimen organizado) y empresarios, la respuesta del Gobierno del Estado de Michoacán de proponer que contraten a la policía auxiliar, crea una línea gris cada vez más difusa entre el bien público y el bien privado, evidencia el estado de indefensión de los agricultores y el empresariado en Michoacán.

Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas