“Nosotros somos gente que ha sufrido tanto, que parece que no somos parte de nada, estamos abandonados a nuestra suerte en un lugar donde no hay ley, donde la única ley es la de las balas”. Con la voz entrecortada, apenas perceptible, termina Karla su testimonio, se acusa imposible no percibir que su respiración se ahoga y contiene lágrimas surgidas de la rabia, o bien podría ser de impotencia y nostalgia ante el recuero de la vida que abandonó en Aguililla, Michoacán hace ya siete años, desde entonces su familia vivió amenazada de muerte, en aquel mismo momento en que su padre tuvo que huir del pueblo dejándolo todo ante la anunciado arribo de los comunitarios, desde entonces nadie sabe nada de él.
Fue en 2013 y yo estaba en la secundaria -dice Karla-, el polvo que se levantaba por la llegada de helicópteros y la gente del pueblo que corría al monte para esconderse es lo que recuerdo.
Aunque el testimonio de las víctimas de expulsión y desplazamiento forzado no concluye en la experiencia del pasado, es imposible omitirla como un antecedente de lo que quedó despedazado en el camino. Los recuerdos fragmentados toman vida en episodios de jóvenes secuestrados, asesinados y arrojados afuera de sus casas (según se cuenta), de mujeres arrebatadas por los grupos criminales, padres o hermanos obligados al crimen, rogándoles por sus vidas a esos mismos hombres que antes fueran sus amigos, aquellos que eran tan cercanos y que comían en la misma mesa.
Los casos y episodios de Desplazamiento Forzado Interno (FDI) se han incrementado en los últimos años en México arrojando cifras alarmantes. Hasta 2021, de acuerdo a los cálculos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -CMDPDH- había en nuestro país 379 mil personas desplazadas internas debido a la violencia y los conflictos internos.
¿Y qué pasa en Michoacán?
Nuestro estado, como bien sabemos, tiene una centenaria tradición migratoria hacia Estados Unidos, la búsqueda de mejores condiciones de vida ante falta de oportunidades en los lugares de origen ha llevado a que los paisanos, que emigran de formar irregular, se expongan a toda clase de peligros durante la travesía a fin de lograr su objetivo, pero en las últimas décadas, este motor en la dinámica de la migración se ha ido transformando a medida que han surgido las oleadas de violencia en diferentes regiones de la entidad, principalmente en la zona de la Tierra Caliente de Michoacán; destacan en el tiempo las etapas que incluyen la administración de Felipe Calderón (2006-2012), cuando en 2012 el municipio de Apatzingán cerró el año con una tasa promedio de 60.5 homicidios por cada 100 mil habitantes (SNSP, 2013), desde entonces la violencia no ha cesado y el ambiente hostil debido a los conflictos por la presencia del crimen organizado ha despojado a la población de un estilo de vida que se ve ensombrecido por extorciones, secuestros, asesinatos y constantes violaciones a sus derechos ante la fallida estrategia de seguridad de los gobiernos, a la impunidad y el contubernio de la que son parte y testigo algunas autoridades.
Aunque no existe una cifra confiable, se calculan al menos 400 mil personas desplazadas en Michoacán en los últimos 20 años, alrededor de 2 mil 600 familias, según datos que registra el albergue El Buen Samaritano, A.C., dirigido por el Pbro. Gregorio López Gerónimo. Hasta febrero de 2022 el Padre Goyo, como se le conoce mejor, identificó 175 municipios desde donde partieron los desplazados hacia diferentes regiones del estado y del país, sobre todo en las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez, donde han buscado cobijo en albergues, a la espera de obtener su paso a Estados Unidos en calidad de refugiados. Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán, Mújica, La Ruana, Aguililla, el Aguaje, Buena Vista, Cd. Hidalgo, Uruapan, Zamora, Los reyes, Tuxpan y Morelia, la capital del estado, encabezan la larga lista.
Así es, no se trata de cifras, de números vacíos que se suman a la estadística producto del abandono institucional, de la indiferencia y la falta de reconocimiento público de su status ya sea como personas desplazadas o expulsadas de su territorio, estigmatizadas en su mayoría por vivir en el lugar incorrecto, como ellas y ellos dicen, doblemente victimizados ante la ausencia de un marco jurídico a nivel federal y estatal que resuelva las lagunas existentes en la Ley General de Víctimas y a su vez les brinde las condiciones necesarias para resarcir su derecho a vivir una vida plena, derribando de manera urgente los obstáculos mezquinos de una estrategia política que mantiene congelada la iniciativa del Senado para expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por la Cámara de Diputados en 2020.
Este, es un tema pendiente para la actual legislatura local, la cual hasta el día de hoy no se pronuncia por la propuesta de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado presentada en marzo de este año por la Diputada Fanny Pichardo Arreola, del distrito de Apatzingán, una de las principales zonas afectadas por la violencia generalizada.
¿Y por qué es necesaria una ley sobre desplazamiento forzado, se preguntará, si las personas desplazadas internas ya cuentan con protecciones que otorga el derecho internacional? Una de las distintas razones serían que las víctimas de desplazamiento enfrentan situaciones específicas en los lugares de origen que les impiden el goce de sus derechos, por lo que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Imaginemos entonces un escenario en el que la víctima, huye con lo puesto, sin identificación o documentos, sin dinero, dejándolo todo.
Los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa ya han dado este primer paso en materia legislativa. ¿Y qué espera entonces Michoacán? De igual forma, habrá que poner atención en los avances del recién conformado Comité Interinstitucional para la Atención de Desplazamiento Forzado que sin duda trasciende en el reconocimiento del problema por parte del Gobierno del Estado, veamos entonces si el proyecto supera los retos de la articulación institucional, la obtención de datos confiables para comprender mejor el fenómeno, la gestión de los programas o la administración de los recursos para realizar acciones concretas y efectivas, y por fin estemos en posibilidad de avanzar en las llamadas soluciones duraderas, aunque valga la observación, a pregunta expresa a algunos integrantes del Comité acerca del progreso en las mesas de trabajo que se han llevado a cabo, haya comentarios sobre
la politización del proyecto y la lentitud en el desarrollo de las gestiones.
Finalmente, aunque este fenómeno tan delicado no se encuentre en la conversación cotidiana, en las mesas de análisis de los medios, visibilizado a través de una estrategia de comunicación permanente que nos sensibilice sobre el tema y nos comprometa a enfrentar como sociedad el problema, hasta entonces no dejemos que la indiferencia nos haga de presa de la dramática realidad que tenemos frente a nosotros.