Tras la polémica destitución del ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ahora el Congreso aprobó la procedencia de un juicio político en su contra, que se suma a las denuncias penales presentadas por 22 alcaldes presuntamente por haber sido víctimas de extorsión. De resultar ciertas las acusaciones, quedaría al descubierto un modelo de corrupción casi perfecto que vendría operando desde hace años en Michoacán.
Dicen los alcaldes que el ex auditor los amenazaba con investigarlos y exponerlos en los informes que presenta la ASM al Congreso, a menos que contrataran a las empresas propiedad de sus familiares y amigos. Por el monto de los contratos asignados a las empresas involucradas -alrededor de 250 millones de pesos- se advierte que habría otros modus operandi para ganar esas asignaciones sin que la Contraloría -en el caso de los contratos entregados por el Gobierno estatal- interviniera o con la participación cómplice del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe) durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.
Y es aquí donde también se deberían encender las alarmas porque significaría que la estructura para combatir la corrupción en Michoacán, es decir, el Sistema Estatal Anticorrupción, solo es un cascarón costoso pero inservible. De entrada, la estructura operativa está diseñada para que el control político lo tenga quien ostenta el poder, en este caso el gobernador en turno.
Si Morena y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realmente desean combatir la corrupción y no solo iniciar una cacería de brujas contra el grupo de silvanistas que aún se mantienen en cargos públicos, deben iniciar una serie de reformas que fortalezcan las estructuras encargadas del combate a la corrupción. Firmar convenios con universidades y hacer foros de análisis no están ofreciendo resultados tangibles.
Diputados que dan y quitan
En la fotografía de la toma de protesta de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, del 15 de diciembre de 2019, se aprecia flanqueando al nuevo Auditor a los diputados Marco Polo Aguirre y Ernesto Núñez; ambos formaron parte de los 35 legisladores que votaron a favor de colocar en ese puesto a uno de los hombres de mayor confianza y cercanía del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo pero ahora, tres años y medio después, votaron por su remoción. En esa votación a favor del llamado “auditor carnal” también estuvieron las y los diputados del Partido Acción Nacional, quienes hoy cínicamente se muestran preocupados porque Alfredo Ramírez Bedolla coloque en la ASM a un afín a la 4T.
Estas incongruencias o desmemorias de los legisladores panistas y algunos priístas, sumadas a las actitudes actuales en el proceso de destitución y promoción del juicio político contra Aguirre Abellaneda, han despertado el sospechosismo sobre los motivos que llevan a unos y otros a asumir esas posturas, a favor o en contra, pero ninguna inspirada en nobles propósitos.
Pasalagua: ¿líder transportista o dirigente partidista?
Miles de transportistas, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua, salieron a las calles a protestar contra la -entonces- iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, finalmente aprobada por el Congreso del estado. Más allá de las molestias causadas a los usuarios del transporte público, esta protesta le dio la oportunidad a Morena para ligar al nuevo partido Tiempo X México con el sector más beligerante de los transportistas.
Incluso, Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, solicitó al IEM una investigación y, en su caso, sanción al nuevo partido por lo que consideró una violación al artículo 87, fracc. b, que a la letra dice: “Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno”. Ciertamente no se trató de un acto partidista pero aprovechó bien la oportunidad que le brindó el líder transportista.
La familia Pasalagua tendrá que poner sobre la mesa sus prioridades porque si la ciudadanía no encuentra una clara diferencia entre la Comisión Reguladora del Transporte y el partido Tiempo X México, el futuro luce poco prometedor, sobre todo en un entorno de altísima competitividad. Si bien, Karla Martínez ha aclarado que su papá no es el dueño del partido, difícil será para los ciudadanos hacer esa distinción.
Especialista en telecomunicaciones.
