En materia de políticas públicas existe consenso respecto a la trascendencia de tomar decisiones basadas en evidencias. Sin diagnóstico resulta prácticamente imposible ser precisos en el ejercicio del gasto, en las acciones emprendidas y en la cobertura y efectividad de los programas implementados. Además del derroche, la subjetividad y el abuso suelen dar pie a actos de corrupción, que terminan centralizando la atención de los tomadores de decisiones y los ejecutores de las acciones gubernamentales.

Indubitablemente, estamos en plena crisis educativa a nivel nacional y estatal. Múltiples banderas rojas tapizan los indicadores educativos que se elaboran oficiosamente por las autoridades estatales, federales, la sociedad civil, la academia y organismos como el INEGI y MEJOREDU.

Sin embargo, en materia de pérdida de aprendizajes, de la situación socioemocional y socioeconómica que padecieron y viven actualmente los estudiantes en la nación, es momento que las autoridades educativas aún no han presentado el diagnóstico, en detrimento de los derechos de la niñez y la juventud.

La demanda de la realización de diagnósticos no viene solamente de la sociedad civil mexicana, sino que también tiene origen en la academia y en organismos internacionales, como la UNESCO, quienes basados en evidencias han demostrado que sin una evaluación situacional certera respecto al estado que guardan los aprendizajes, la situación socioeconómica y la socioemocional resulta imposible diseñar y ejecutar políticas públicas que reviertan la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar, los trastornos socioemocionales, la violencia y el estrés, así como la serie de consecuencias de la crisis económica que impactan la vivencia de los derechos educativos de la infancia y la juventud en Michoacán de Ocampo.

La petición y propuesta se realizó por parte de la sociedad civil organizada en Michoacán a menos de un mes de haberse cerrado las escuelas. La autoridad educativa se comprometió a realizar la labor y es fecha que no se ha concluido el esfuerzo. Hace tres años ya que se esperaba la presentación de un formulario de diagnóstico, el cual debería ser validado metodológicamente por un grupo de expertos, así como, debió diseñarse el tamaño de la muestra y correrse el pilotaje, para aplicarse en todas las escuelas michoacanas, para tener información estratégica que permitiese hacer frente a la problemática inédita. Esto no sucedió. Tampoco, se dio en la entrega-recepción de la Secretaría de Educación en el Estado de 2021 un documento concluido al respecto. Ahora, en la segunda semana de 2023, a 35 meses de haberse anunciado el confinamiento en nuestra nación y con ello, la respectiva suspensión de clases presenciales aún es momento en el cual, en Michoacán de Ocampo no son evaluados los niveles de aprendizaje al ir a la pandemia, tampoco los que había al retornar, ni los que prevalecen actualmente, a mediados del ciclo escolar.

El silencio respecto a los resultados, a tres años de que la situación se suscitó consterna no solamente por la falta de información estratégica para la toma de decisiones educativas en la entidad, sino también por la efectividad del equipo a quien se le asignó la tarea mencionada, la cual inconcebiblemente no ha sido concluida ni presentada ante la sociedad civil que les requirió un esfuerzo para el beneficio de la niñez y la juventud en la entidad.

Sin los datos que permitirían construir una línea del tiempo respecto a la situación de cada estudiante, resulta sumamente complicado realizar un programa de intervención personalizado que permita detectar situaciones que requieran canalización o algún programa adicional para asegurar que cada estudiante tenga salvaguardado su derecho a estar, a participar y a aprender en una escuela, culminando trayectorias completas.

Peor aún: existe el riesgo de que la situación se politice, ante la inacción gubernamental. Es año preelectoral y la búsqueda de mecanismos de sacar ventajas de los errores y omisiones de la administración pública estatal se convierte en un anhelo de los políticos que desean el poder.

Cualquiera puede intentar hacer un diagnóstico al respecto, pero uno censal, niño por niño, escuela por escuela y maestro por maestro solamente está en manos de las autoridades educativas estatales, quienes cuentan con la infraestructura, el equipamiento, las atribuciones de ley y la cadena de mando a su disposición. No solamente eso: sino también tienen la obligación de realizarlo cuanto antes, para garantizar los derechos de la niñez y de la juventud en Michoacán de Ocampo. ¡Es nuestro deber ciudadano exigirlo!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y Director Fundador de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.